La minoría Catalana anuncia un recurso de inconstitucionalidad a la ley del Patrimonio
Los bienes muebles en posesión de instituciones eclesiásticas e integrantes del patrimonio histórico español sólo podrán ser enajenados o cedidos al Estado, a entidades de derecho público o a otras instituciones eclesiásticas, según aprobó ayer el Congreso de los Diputados, pese a la oposición de Coalición Popular y Minoría Catalana.La Minoría Catalana anunció la presentación por parte de la Generalitat de un recurso de inconstitucionalidad en defensa de sus competencias sobre el patrimonio histórico artístico. La Minoría Vasca confía, por su parte, en que se cumpliera el pacto establecido con el Grupo Socialista para que se incluya una disposición adicional mediante la cual se reconozca al País Vasco las competencias que en esta materia contiene su estatuto de autonomía.
La ley del Patrimonio Histórico comenzó a ser debatida ayer por el Congreso tras la presentación de su articulado a cargo de Javier Solana, ministro de Cultura. La ley amplía su extensión sobre los bienes muebles e inmuebles que constituyen el patrimonio arqueológico y el etnográfico, los museos, archivos y bibliotecas de titularidad estatal así como el patrimonio documental.
Los bienes muebles de las instituciones eclesiásticas constituyeron parte fundamental del debate de ayer tarde. José Luis Álvarez, portavoz conservador, entendió que en la ley se contiene una discriminación para la Iglesia y no se respetan los acuerdos existentes entre el Estado y la Santa Sede. Carmen Pinedo, por los socialistas, expuso que la Iglesia, como propietaria, siempre ha tenido un tratamiento jurídico particular y, como consecuencia, sus bienes nunca han sido de carácter privado, como reconocen el propio derecho canónico y la tradición jurídica.
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