La Comisión Europea presenta otra propuesta sobre los Programas Mediterráneos que reduce la aportación prevista

La Comisión Europea ha presentado las grandes líneas de una nueva propuesta sobre los Programas Integrados Mediterráneos (PIM), a cuya solución satisfactoria subordina Grecia -de ahí el bloqueo ocurrido en la última cumbre europea en Dublín- la luz verde para el ingreso de los dos países candidatos. Pero, donde la anterior propuesta contemplaba una aportación de dinero fresco comunitario para Grecia, Francia e Italia, por un total de 6.600 millones de unidades de cuenta europea (ECU) -unos 825.000 millones de pesetas- para seis años, la nueva cifra se ve reducida a 2.000 millones de ECU, para siete años.La Comisión espera tener completadas sus propuestas para la reunión extraordinaria de los titulares de Asuntos Exteriores comunitarios del 28 de febrero, pues la verdadera decisión corresponde a los diez y no a la Comisión.

Las nuevas propuestas -obra del presidente de la Comisión, Jacques Delors, que tiene esta cartera personalmente asumida- quedan lejos de lo que pretendía Grecia en un principio, aunque Atenas aún no ha reaccionado oficialmente. Además de los 2.000 millones de dinero fresco, los PIM tendrán acceso a otros 2.500 millones de ECU suplementarios a través de préstamos con intereses -con la posibilidad de que sean bonificados- del Banco Europeo de Inversiones y otros instrumentos comunitarios, que los Estados beneficiarios de los PIM deberán devolver a la CEE.

Otra novedad de la nueva propuesta es que ya no se fijan porcentajes precisos de reparto de los PIM entre las distintas regiones o países -otra garantía que pierde Grecia-, sino que será la propia Comisión -con su presidente, Jacques Delors- la que vaya decidiendo, a través de un comité de gestión, sobre los proyectos concretos que Grecia, Italia y Francia vayan presentando. Se espera que los PIM puedan empezar a ser operativos este mismo año de 1985.

El verdadero problema para que los diez Estados decidan sobre los PIM es que va ligado a una solución del problema presupuestario de la CEE, lo que a su vez está ahora ligado a la decisión sobre los nuevos precios agrícolas en la Comunidad y a la ampliación a España y Portugal.

Por otra parte, el nuevo acuerdo siderúrgico para las exportaciones españolas de acero hacia la CEE en 1985, que se concretó ayer, prevé que el Tratado de Adhesión a la Comunidad será firmado en el curso del primer semestre de este año. España recibe en este acuerdo un trato intermedio entre país tercero y país miembro de la Comunidad, con un cupo global para estas exportaciones de 797.000 toneladas, a comparar con las 757.000 toneladas de 1984 y las 827.000 toneladas anuales tras la adhesión.

Acuerdo siderúrgico con España

En sus acuerdos siderúrgicos de este año con países terceros, la CEE ha otorgado unos cupos superiores en algo más de un 2,5% a los del año anterior, lo que para el caso de España hubiera supuesto 778.650 toneladas. De hecho, si España no firma el Tratado de Adhesión a la CEE en este primer semestre de 1985, su cupo se verá reducido a esta cifra, que sirve de base para las exportaciones durante el primer trimestre de 1985, ampliándose después el contigente si se firma la Adhesión antes de finales de junio.

Dos novedades importantes aparecen en el acuerdo, además de las ya señaladas: se retiran los dos derechos antidumping (contra el abaratamiento anormal) que habían quedado en suspenso contra las vigas de ala ancha y los redondos de hormigón españoles, y se flexibiliza la triple cláusula. Esta última impide concentrar las exportaciones hacia la CEE en el tiempo, en un pequeño número de productos y en un país.

A partir del ingreso -si se produce el 1 de enero de 1986-, y durante tres años (tiempo que se supone durará el programa de reestructuración del sector en España), el cupo de exportaciones siderúrgicas hacia la CEE será de 827.000 toneladas, tal y como se acordó cuando se cerró el capítulo correspondiente de las negociaciones en diciembre de 1984. Pero aún hay controversia sobre lo que entonces se acordó. España considera que las 827.000 toneladas son "como míninio", y la CEE las califica de "máximo".