¿En la recta hacia Europa?

MAÑANA, LUNES, comienza en Bruselas un Consejo ole Ministros de la Comunidad Económica Europea decisivo, para España. Los ministros de Exteriores de la CEE deben tomar posición sobre la última propuesta global elaborada por la Comisión Europea para los tres capítulos decisivos (agricultura, pesca y asuntos sociales) que quedan por cerrar y, sí llegan a una postura común, negociar a partir del martes con la representación española. Después de este Consejo sólo quedaría otra oportunidad para que el tratado de adhesión pueda firmarse antes de finales de marzo, condición imprescindible para que los Parlamentos de cada de uno de los 10 Estados miembros tenga tiempo suficiente para ratificarlo antes de que acabe el año, y mantener así el calendario de adhesión para enero del año que viene.Las posiciones española y comunitaria no han variado apreciablemente, en los puntos conflictivos, desde hace casi ocho meses. La parte española insiste en que la negociación técnica puede darse por concluida y que ha llegado la hora de las decisiones políticas. La oferta global aprobada por la Comisión Europea a principio de esta semana, considerada en Bruselas como favorable a España, es desechada como inaceptable por Madrid, sobre todo en lo que se refiere a algunos puntos del capítulo agrícola (vino, aceite, productos hortofrutícolas) y la pesca. Es probable, no obstante, que el Consejo de Ministros comunitario rebaje aún más los términos de esa oferta, dada la reacción negativa de la mayoría de los Gobiernos de la CEE al documento de la comisión.

Desde hace algunos meses, el Gobierno español está poniendo en práctica una política de globalización de sus relaciones comerciales con los países miembros de la Comunidad con el objeto de que toda transacción con esos países sea utilizada como moneda de cambio en la negociación para la integración española. España tiene opciones de compra sobre helicópteros británicos, sobre carros de combate alemanes y se dispone a renovar la flota de DC-9 de Iberia y a adquirir equipos para la informatización de las administraciones públicas. El comportamiento de los países eventualmente destinados a obtener esos contratos, que suponen muchos miles de millones de pesetas, en las próximas negociaciones podría ser tenido en cuenta a la hora de tomar una decisión. Los negociadores españoles creen que los beneficios que algunos países de la CEE pueden obtener indirectamente del hecho de imponer unas condiciones draconianas para la exportación de ciertos productos españoles a la Comunidad son bastante más pequeños que los que pueden obtener de la concesión de esos contratos o de otros en el futuro.

Pero de esta negociación con España depende, curiosamente, en gran parte, y por otro lado, la propia supervivencia de la CEE. La Comunidad arrastra un problema financiero crónico como consecuencia de un déficit presupuestario creciente. Las ingentes cantidades aportadas por los países miembros a las arcas de Bruselas se agotan en gran medida en el mantenimiento de unos precios artificiales para productos, sobre todo agrícolas, que hace mucho tiempo que dejaron de ser competitivos en los mercados internacionales. Cada año, cuando se discuten los precios agrícolas de la CEE, todo el edificio comunitario se tambalea. Determinados países han condicionado cualquier aumento futuro de su aportación al presupuesto de la Comunidad a la ampliación de la CEE a 12 Estados miembros, con las consecuentes reformas estructurales que deben producirse. Si esta ampliación queda bloqueada, la Comunidad puede entrar en una crisis interna de consecuencias imprevisibles.

Finalmente, aunque desde sectores del Gobierno se insista públicamente en desvincular el proceso de adhesión de España al Mercado Común de la permanencia o no de nuestro país en la Alianza Atlántica, hay ministros que no se recatan de confesar en privado que es hora de pasar factura a nuestros futuros socios europeos por la disposición del Gobierno socialista español a mantenerse en la OTAN. El presidente del Gobierno admitió el viernes que los "subconscientes colectivos" de los países comunitarios y de la propia España establecen una clara relación entre estas dos instancias de participación en Europa. Rebuscado eufemismo para confirmar lo que es de dominio público: más de un país de la CEE ha expresado reiteradamente que no se puede exigir a España una participación en la defensa europea si se le cierra la puerta de la integración económica; en sentido contrarío, son varios los Parlamentos europeos que pondrían dificultades a la ratificación de la adhesión de España a la Comunidad si creciera la sospecha de que España podría abandonar la Alianza. El Gobierno no puede ignorar el compromiso adquirido ante el pueblo español de convocar un referéndum sobre la permanencia de nuestro país en la OTAN, pero piensa que, una vez decidida nuestra entrada en el Mercado Común, estaría en mejores condiciones para convencer a los electores de la oportunidad de mantener nuestra actual situación dentro de la Alianza. La conexión es tan obvia que no es necesario insistir.