El debate sobre las autonomías

AYER CONCLUYÓ en el Senado el debate sobre la política autonómica y el Estado de las autonomías, inaugurado anteayer con el discurso de Felipe González y las réplicas de los portavoces de los grupos parlamentarios. Pese a la buena disposición del Gobierno para trasladar a la Cámara alta los problemas derivados de la distribución territorial del poder, la posición subordinada del Senado en el seno de las Cortes Generales y la ausencia de una definición clara de sus competencias específicas imposibilitan que esas expectativas puedan quedar satisfechas.La labor colegisladora del Senado queda sustancialmente recortada por el hecho de que, en caso de conflicto entre ambas cámaras, se imponga en última instancia la voluntad del Congreso. Además de sus prioridades de procedimiento en los acuerdos de cooperación entre comunidades autónomas y la distribución del Fondo de Compensación Interterritorial, sólo la exigencia de una previa autorización del Senado para la adopción por el Gobierno de las medidas destinadas al cumplimiento forzoso por una comunidad autónoma de sus obligaciones constitucionales o legales -supuesto aún inédito en nuestra práctica democrática- justificaría su condición de Cámara especializada en cuestiones autonómicas.

La adecuación del Senado -por la vía de las costumbres parlamentarias o de los desarrollos legales destinados a colmar los vacíos dejados por la Constitución- a su misión programática de Cámara de representación territorial podría resultar de gran utilidad para el debate de los problemas que la puesta en marcha del diseño autonómico del Estado suscitará necesariamente durante años. El presidente del Gobierno señaló en la inauguración del debate que el eventual ingreso de: España en la Comunidad Económica Europea modificará algunos de los planteamientos de la actual distribución territorial del poder y obligará a una operación de encaje entre las competencias supracomunitarias, estatales y autonómicas. De la experiencia obtenida durante los últimos años podrían extraerse también conclusiones correctoras acerca de los mecanismos de financiación de las instituciones de autogobierno que la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y el Fondo de Compensación Interterritorial establecieron en su día. Aunque buena parte de la discusión girará en torno a cuestiones de carácter fundamentalmente técnico, existe el peligro de que las estrategias electoralistas de los partidos y los intereses de algunos sectores de la nueva clase dirigente autonómica (en relación inversamente proporcional al arraigo de los sentimientos autonomistas en cada territorio) puedan oscurecer o tergiversar la discusión sobre la construcción de un Estado de las autonomías que haga compatibles la integración en Europa y la funcionalidad de las administraciones públicas con las reivindicaciones de autogobierno.

El papel predominante o hegemónico de los partidos nacionalistas en Cataluña y el País Vasco ha demostrado, con la evidencia de los votos depositados en las urnas, que las aspiraciones al autogobierno en ambas comunidades poseen un fuerte arraigo social y adoptan formas de expresión propiamente políticas. En su discurso ante el Senado, Felipe González ha recordado que autonomía no es sinónimo de federalismo (a diferencia de lo que han venido sosteniendo algunos líderes regionales socialistas) y que el igualitarismo institucional o de competencias entre las diferentes comunidades no se deriva en modo alguno del título VIII de la Constitución.

En esta perspectiva, los años transcurridos desde la aprobación -en 1979- de los estatutos de Sau y de Guernica marcan una insensible pero continua progresión hacia la definitiva cancelación histórica de los litigios catalán y vasco, posibilitada por el Estado democrático de las autonomías. Paradójicamente, los mayores peligros para la racionalidad, funcionalidad y viabilidad económica del sistema autonómico pueden proceder en el futuro de las instituciones de autogobierno controladas mayoritariamente por los partidos de ámbito estatal. Mientras Coalición Popular domina en Galicia, Cantabria y Baleares, los socialistas tienen a su cargo el gobierno de las restantes comunidades autónomas. Resultaría absurdo tratar de igualar los problemas y la conciencia autonomista de esos territorios, algunos de los cuales han luchado por el autogobierno de forma indiscutible. Sucede, sin embargo, que algunas comunidades, engendradas artificialmente a causa de la necesidad política de cerrar el mapa autonómico, expresan menos los deseos de los administrados -como ocurre probablemente con Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha- que la voluntad de poder de los administradores. Por lo demás, este Pleno del Senado, rodeado de bastante boato, ha dejado la impresión de gran artificiosidad, más bien encaminado a rellenar formalmente esa función de Cámara de las autonomías que un debate sustantivo sobre la estructura de poder del Estado.