17 muertos en 40 días

Durante los primeros 40 días de 1985 han tenido lugar 17 accidentes mortales conocidos y con divulgación en los medios de comunicación en las minas españolas, según un informe de la federación de minería de UGT. Esta situación -subraya la central socialista-, desconocida desde hace más de 20 años es reveladora del abandono que, tanto en esta como en otras materias está padeciendo el sector minero.La edad media de los mineros fallecidos es de 30 años. En la actualidad, España se encuentra a la cabeza del ránking de accidentes de los países mineros de la OCDE, habiendo llegado a tasas de accidentabilidad tercermundistas. La frecuencia de accidentes en nuestro país es, según UGT, superior en un 120% a la media de la CEE y respecto al Reino Unido, nuestro índice de mortalidad es el 410% superior.

La central socialista asegura que el Programa Nacional de la Minería 198-1987 en el que se contemplan algunas medidas en materia de seguridad minera, ha sido analizado por la comisión ejecutiva de la UGT de minería. Para la comisión el programa no es más que "una burla para el colectivo minero del país".

Entre las medidas que proyecta la Dirección General de Minas -dice el informe de UGT- se contempla la desviación de fondos públicos de la Administración hacia la financiación de unas denominadas entidades colaboradoras de la Administración (Ecas), "que, en este caso, no son más que un montaje de los realizados hasta el momento por la Dirección General de Minas, destinados a proveer de fondos a organizaciones privadas, abandonando, sin reformar, a los organismos públicos responsables por ley de estas funciones".

Más adelante se asegura que "la ineficacia secular de la administración minera del Estado se ha visto aumentada exponencialmente desde que hace más de dos años tomó la máxima responsabilidad en este campo la nueva administración". La federación recuerda que hace meses pidió la destitución del director general de Minas, y anuncia que, dada la gravedad de la situación, está preparando la documentación precisa para denunciar ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a la Administración minera de España.