El ingreso de España en la Comunidad dificulta los acuerdos con los países del Magreb

En algo está todo el mundo de acuerdo: la política de la CEE respecto a los países de la cuenca del Mediterráneo -la llamada política mediterránea, diseñada en 1972- ha fracasado. Una nueva formulación está ahora en ciernes, ante la inminencia del ingreso de España y Portugal en la Comunidad. Las revueltas del pasado año en Túnez o Marruecos han vuelto a concentrar los espíritus europeos ante la primordial importancia política de esta región, y más especialmente del Magreb.

La CEE exporta hacia estos países del Mediterráneo un 10% del total de su comercio exterior, es decir, un mercado más importante que el de Estados Unidos. A partir de 1972, con el nacimiento de la política mediterránea, la CEE firmó una serie de acuerdos comerciales y de ayuda con Argelia, Túnez, Marruecos, Egipto, Jordania, Siria, Líbano, Turquía, Chipre, Malta, Israel y Yugoslavia. Para estos países, la CEE representa entre un 60% y un 90% de sus importaciones (petróleo excluido) y una proporción similar de sus exportaciones. Así, la CEE se encuentra con un superávit comercial frente a estos países del orden de unos 11.000 millones de dólares anuales.Estos acuerdos no han funcionado. Arreglos particulares y aplicaciones de cláusulas de salvaguardia por parte de la CEE los han mermado. Así, en materia textil, lo que en principio debía ser un libre acceso pronto se convirtió en una serie de acuerdos de autolimitación de las exportaciones, con contingentes anuales precisos. Era una política diseñada antes de la crisis económica. El aumento del paro en la CEE y la división entre Norte y Sur en la propia Comunidad no han sido factores útiles en este campo. Todo lo contrario. Además, desde 1972, dicen estos países, su preferencia en el mercado comunitario se ha visto erosionada por la multiplicación de acuerdos de la CEE con otros países. "Esta situación puede agravarse con la tercera ampliación de la CEE", dice el Gobierno tunecino en un memorándum presentado en los últimos meses en Bruselas.

En abril de 1984. la Comisión Europea presentó nuevas propuestas, desarrollando unas anteriores de 1982, bajo el título de Una política mediterránea para una Comunidad ampliada. Fundamentalmente recomienda el mantenimiento de las corrientes tradicionales de exportaciones de estos países hacia la CEE (sobre la base de cinco años representativos), con compensaciones financieras temporales en caso de pérdida de parte del mercado.

Reacciones en cadena

Así, en materia de vino se prevé un compromiso de importación de 1,2 millones de hectólitros en botella, lo que representa tres días de consumo en la CEE. En materia industrial, sin embargo, estas propuestas carecen de precisión.

Las nuevas propuestas han sido discutidas en varias ocasiones, con tesis encontradas en el seno de la CEE. Así, los países del Norte de la Comunidad consideran que la política mediterránea debería estar basada en intercambios comerciales, al no poder la CEE comprometerse a gastos importantes dada su situación financiera.

Francia está en una postura intermedia. Cuando en junio de 1984 se discutió esta cuestión a diez, el ahora ministro galo de Exteriores, Roland Dumas, señaló que "la ruptura de las corrientes tradicionales de intercambios con el Magreb provocaría reacciones en cadena incontrolables y especialmente dificultades económicas y sociales que podrían provocar una desestabilización política en esos países". Recientemente, Francia, a través de sus ministros o del comisario europeo Claude Cheysson, ha vuelto a insistir en el tema en las negociaciones de adhesión, quizá como excusa para no hacer concesiones a España en el terreno hortofrutícola -por medio de reducciones arancelarias a nuestras exportaciones o cálculos menos favorables de los precios de nuestros productos- y así evitar dañar los intereses del Magreb.

Italia y Grecia -con su producción mediterránea-, sin embargo, insisten en que los sacrificios se repartan entre los doce. Italia considera que las repercusiones de la ampliación de la CEE en estos países no serán tan marcadas como se podía suponer en un primer moniento. Italia no se muestra alejada de las propuestas de la Comisión. En todo caso, Italia quiere que por el momento la CEE se lin.lite a definir a título provisional fórmulas específicas, país por país y producto por productos, reexaminándose la situación al cabo del período transitorio español. ¡Que puede llegar hasta 10 años!

Los países del Magreb no parecen dispuestos a esperar tanto tiempo, pues buen número de sus problemas río vienen directamente de las perspectivas de ingreso de España y Portugal. La ampliación, se estima en general, planteará más problemas a los países del Magreb que a los otros, con algunas excepciones muy específicas para el caso de Israel. La Comisión Europea ha mantenido -y seguirá manteniéndolas- "conversaciones exploratorias" con los países del Mediterráneo. Israel, Marruecos y Túnez ya han presentado memorandos criticando las propuestas de la Comisión.

Así, el nuevo mecanismo de protección de la CEE frente a la importación de frutas y hortalizas provenientes de países terceros "puede llevar", según Marruecos, "a término a la eliminación de las exportaciones marroquíes hacia la CEE", dado el juego de los mecanismos de precios.

El interés español

Túnez es algo más cauta. Exige que se le asegure una garantía de compra de 50.000 toneladas anuales de aceite de oliva y "la adhesión al principio según el cual todo producto mediterráneo, especialmente magrebino, debe tener derecho a una parte del mercado europeo, aún más cuando este derecho es un derecho tradicional".

Para la CEE, esta nueva política mediterránea sólo se podrá discutir de verdad una vez concluidas las negociaciones de adhesión con España y Portugal. España, según fuentes de la Comisión Europea, ha recordado que la estabilidad política de estos países mediterráneos, y muy especialmente del Magreb, "es un punto central de la política exterior española, siendo España consciente", dice un texto de la Comisión, "de que dicha estabilidad está estrechamente ligada a la estabilidad económica y a una situación soportable de la balanza comercial". España exige desde la adhesión un trato para sus exportaciones agrícolas hacia los diez al menos tan favorable como el que tienen estos países mediterráneos. Es decir, el fin de una discriminación patente. Manuel Marín, secretario de Estado para las Relaciones con la CEE, amenazó con no dejar pasar los productos de estos países por el territorio español si no se consigue dicha equiparación desde el primer día.