La reconversión del despilfarro furbolístico

LA TENTATIVA de endosar a los contribuyentes los casi 16.000 millones de pesetas -12.000 corresponden a equipos de Primera División- de las deudas contraídas por los clubes españoles de fútbol profesional constituye un ejemplo de la desenvoltura con la que algunas instan cias privadas se acercan al Estado sólo para saquear sus arcas. En otros países el fútbol se apretó silenciosamen te el cinturón durante algunos años para tratar de arreglar su crisis. En España los deudores se disfrazan de acreedores y se inventan estrafalarios argumentos para justificar sus desmedidas pretensiones. El pretexto utilizado por los directivos para endilgar a la Administración -y, por tanto, al resto de los ciudadanos- el pago de unas deudas tan libre como irresponsablemente con traídas son los imaginarios derechos de los clubes a fijar unilateralmente su participación en los ingresos de las quinielas. El cuento de la lechera urdido por esos fantasiosos directivos descansa en la reivindicación del aumento en su favor del porcentaje -desde el 1 % al 6%- sobre los 60.000 millones de pesetas anuales generados por las quinielas.El análisis de las deudas del fútbol profesional muestra que su principal origen radica en una disparatada gestión y que los generosos ingresos extraordinarios disfrutados por los clubes durante el bienio 1982-1984 (como consecuencia del contrato para la transmisión de encuentros por televisión, del 1% sobre la recaudación de las quinielas y del maná del Mundial 82) sólo sirvieron para aumentar su endeudamiento. Frente a la doctrina mantenida por la Federación Española de Fútbol, según la cual los futbolistas y sus contratos millonarios serían los auténticos responsables del descalabro económico, resulta ahora que los propios clubes reconocen que las deudas imputables a las fichas de jugadores ascienden únicamente a 1.816 millones.

El intervencionismo de los aparatos estatales en asuntos que conciernen a la sociedad civil es un fenómeno cargado de peligros. Pero roza casi con la desvergüenza la idea de que los Presupuestos Generales del Estado estén obligados a socializar las pérdidas engendradas por la ineficiencia y el despilfarro de unos gestores que reivindican su plena autonomía para hacer y deshacer a su capricho, a condición de que los platos rotos terminen pagándolos los contribuyentes. Es evidente que la aceptación por la Administración de las extrañas reglas del juego impuestas por los clubes para negociar su astronómico endeudamiento conduciría a un callejón sin salida. Por lo demás, Romá Cuyás, secretario de Estado para el Deporte, tendrá dificultades casi insuperables para conocer la distribución particularizada de la deuda, ya que el documento entregado por los directivos a través de la Liga Profesional no individualiza a los deudores e impide reconstruir paso por paso la génesis de ese tinglado. Las diversas administraciones públicas todavía no se han puesto de acuerdo sobre los, criterios para discutir con estos infatigables pedigüeños. Mientras los planteamientos de Romá Cuyás difieren de las posiciones defendidas por los responsables de los temas deportivos en el PSOE, la Comunidad Autónoma de Madrid ha firmado, por su parte, un convenio con el Real Madrid y el Atlético, que recibirán respectivamente 200 y 75 millones de pesetas a cambio de un posible torneo de verano y de una serie de imprecisos servicios. Tal vez éste sea un sistema de aspirar a que los hinchas merengues y colchoneros se pongan del lado de la comunidad en la áspera disputa en torno al recargo del 3% sobre el impuesto sobre la renta de las personas físicas.

No nos parece lícito, y nos preguntamos si es legal, que la Administración tenga libertad para disponer de fondos públicos a fin de salvar de la quiebra a unas entidades privadas que se han labrado a pulso su ruina y que no parecen resueltas a negociar seriamente,un plan de salvamento con todas sus consecuencias, entre las que deberían figurar las garantías necesarias para impedir cualquier nueva ineficiencia, despilfarro e irresponsabilidad en la gestión. Los ciudadanos no pueden entender que sus impuestos sean regalados a unos directivos dotados de un excepcional talento para hundir financieramente todo cuanto tocan. Los clubes de fútbol, como entidades privadas, tienen perfecto derecho a resolver sus deudas también privadamente. Pero si aspiran a obtener fondos públicos para aliviar su crisis, es obligado que ofrezcan formalmente, y no sólo como vagas promesas, las correspondientes contrapartidas. Los propósitos de enmienda de los directivos, que anuncian su disposición para no utilizar el dinero público en fichajes y para destinarlo a la amortización de la enorme bola de sus deudas, deben materalizarse en mecanismos de control transparentes y eficaces.