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España trata de paliar los efectos del período transitorio flexibilizando sus posiciones en materia de agricultura

Andrés Ortega

España ya no busca paraísos artificiales en las negociaciones de adhesión a la CEE, sino tan sólo dulcificar para la agricultura española su paso por el purgatorio del período transitorio y no caer en el infierno. En este sentido han ido las últimas aperturas -sin que la CEE haya reaccionado hasta ahora- de cara a la sesión de negociaciones de hoy y mañana en Bruselas. Cuando la parte española empieza a hablar de que ya recuperará la iniciativa una vez que España esté dentro de la CEE -entrar y luchar desde dentro-, es que ha llegado el momento de las grandes concesiones, si las aceptan los diez.

Si en los últimos días España ha hecho aperturas, la CEE no se ha movido. Hoy se reunirá la Comisión Europea para intentar ultimar propuestas de compromiso para presentarlas a los titulares de Exteriores de los diez y desde ahí engranar la negociación con España y Portugal.Entre los diez sigue habiendo un enfrentamiento Norte-Sur a la hora de aceptar sacrificios. El tiempo es, sin embargo, escaso para cumplir la fecha del 1 de enero de 1986 para el ingreso. Todo el mundo es consciente de ello. ¿Pero quién cederá? Según fuentes informadas, la presidencia italiana del Consejo de Ministros de la CEE está intentando enfocar la situación como un paquete que incluyera frutas y hortalizas, productos continentales, aceite de oliva y la contribución española al presupuesto de la CEE. Si lo consigue, esta sesión aportaría pocas novedades, habiéndose de esperar a la siguiente el 18 y 19 de febrero.

En los contactos exploratorios de las dos últimas semanas, España ha ido cediendo posiciones, intentando conservar otras. La situación es la siguiente:

Frutas y hortalizas: España está dispuesta a aceptar un período transitorio de 10 años, con una primera etapa de cuatro años, durante los cuales se mantendrían las actuales restricciones a nuestras exportaciones, con una mínima aplicación de la PAC (política agrícola común). Después vendrían seis años de aplicación gradual, pero plena, de la PAC y de mecanismos complementarios a los intercambios, a saber, un sistema de vigilancia de este comercio de productos sensibles para los diez, según una lista revisable anualmente a partir del quinto año.

Ahora se trata de salvar al menos los agrios al cabo de los cuatro años, para que no caigan en los mecanismos complementarios. Y España quiere ademas, durante la primera etapa, reducir el riesgo de ver nuestras exportaciones hortofrutícolas gravadas -y de hecho detenidas- por tasas compensatorias. Pide para ello una modificación del sistema de cálculo para el precio de entrada. En vez de aplicarse, como ahora, el arancel común de la CEE (de un 20% en el caso de los cítricos, que parece que se quedarán en el sistema de etapas) al precio de referencia de la CEE, España pide ahora que éste se calcule sobre el arancel efectivo (12% en el caso de los cítricos españoles), con lo que se aleja el peligro de la introducción de una tasa compensatoria.

Productos continentales: España ha reducido drásticamente la lista de los productos que considera sensibles y que quiere proteger de la competencia de los diez, por medio también de mecanismos complementarios, que en este caso quiere ver vigentes durante 10 años: el sector lácteo, la carne bovina y el trigo blando.

La CEE dice sí (aunque no durante 10 años) al sector lácteo (pero sin el queso ni la leche en polvo) y a la carne bovina, pero no al trigo (pues Francia también tiene intereses que defender aquí). Durante los cuatro primeros años, estos sectores se verían sometidos a una congelación similar al hortofrutícola.

Vino: Si España quiere una cuota de producción calculada sobre otra base que la de los diez, dadas las diferencias de estructuras productivas y las mayores disciplinas introducidas en España antes que en la CEE, la parte española está dispuesta a aceptar un período de cuatro años, más allá del cual no se podría mezclar vino blanco y tinto, práctica prohibida en la CEE. Ello requeriría un plan de reestructuración del viñedo español en determinadas zonas. Acepta limitar sus exportaciones de vino de entre 7 y 9 grados de graduación, siempre que la CEE reconozca estos vinos a otros efectos. No acepta la instauración de montantes compensatorios que actuarían en detrimento de nuestras exportaciones.

Asuntos sociales: El escollo principal para cerrar este capítulo es la equiparación de los subsídios para los familiares -residentes en la RFA o en Españade los trabajadores emigrantes españoles. De hecho, son cuatro perras gordas, pues afecta a unas 9.200 personas, como el acceso al empleo de los familiares ya instalados afectaría a entre 6.000 y 13.000 personas. Pero esta es un carta de concesion -sin conceder todo lo que pide España- que Bonn se guarda para el final de las negociaciones, jugándola contra otros temas, como el aceite de oliva.

La Comisión debe, por otra parte, decidir en la mañana del lunes nuevas orientaciones sobre los Programas Mediterráneos Integrados (PIM), a cuya solución satisfactoria liga Grecia la luz verde para la adhesión.

Las concesiones españolas en el capítulo pesquero no han modificaudo la intransigencia comunitaría

La CEE acabará ofreciendo a España 10 años de período transitorio para el acceso a sus aguas, según fuentes comunitarias, pero aún se desconoce cuándo hará este gesto. En todo caso, España ha empezado ya a ceder en sus posiciones en este capítulo, a veces con contradicciones que le pueden llevar a ceder aún mas.España ha aceptado ya el limitar el número de sus barcos que faenarán en aguas de los diez a los que figuran actualmente en el censo (unos 331), autolimitándose también a sus actuales zonas de pesca (VI, VII y VIII) y a las especies que captura en la actualidad. España pide, no obstante, una cierta apertura del vetado box irlandés.

Dentro de este planteamiento, España pide unas cuotas de pesca más elevadas que las actuales. Si el cupo español en los diez es ahora de 7.900 toneladas de merluza de altura -y la CEE, por ahora, no ofrece más, aunque acabará haciéndolo, según fuentes comunitarias-, España pide, tras el ingreso en la CEE, 25.000 toneladas anuales de merluza o un 50% del cupo total de los diez. El problema es que con el número de barcos y los coeficientes oficiales -que no reales- de rendimiento que ha presentado España a la Comisión Europea, los pescadores españoles nunca podrían llegar a pescar lo que se pide.

España ha renunciado a sus "derechos históricos" en las zonas litorales de la CEE, limitándose a solicitar unos ligeros ajustes a la situación que rige ahora para la pesca española en la franja de 12 millas francesa.

En cuanto al período transitorio para todo esto, España quiere que sea similar (entre 7 y 10 años) el del resto de los capítulos de la negociación. Hasta ahora, la CEE no se ha apeado de su oferta: 15 años de hecho -hasta el 2001-, ya que se trata de 10 años prorrogables, cinco más si los doce no se ponen de acuerdo sobre otro régimen. No obstante, fuentes comunitarias han señalado que la CEE acabará ofreciendo 10 años.

La duración de este período y la cuota de capturas que coriesponda en la CEE a España son, pues, los dos escollos centrales de este capítulo, ya que ha habido aproximaciones en lo referente a la pesca en países no miembros de la CEE. Poco ha cedido la CEE hasta ahora en cuanto al acceso a sus aguas, mientras la postura española ha ido soltando lastre.

En cuanto a la ayuda preadhesión, de unos 3.500 millones de pesetas, que ofrece la CEE a España para un programa de desguace de pesqueros españoles, España se reserva su postura hasta saber cuánto podrá pescar en la CEE. En todo caso, esta ayuda preadhesión será costosa para el Estado español, que tendrá que desmbolsar, al menos, otro tanto en este programa, que podría llevar a desguazar lo equivalente a toda la flota española que faena actualmente en aguas de los diez.

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