Los antiguos accionistas del Banco Atlántico acuerdan el justiprecio con el Estado y renuncian a un pleito

Los antiguos accionistas del Banco Atlántico aprobaron ayer una propuesta de acuerdo con la Administración sobre la cuantía del justiprecio a recibir por sus títulos, acaecida en virtud del decreto expropiatorio de Rumasa. Los accionistas percibirán un mínimo de 1.737 pesetas por acción, cifra no muy lejana de las 2.300 que en su día reclamaron en la hoja de aprecio, y renuncian a pleitear. La compensación se hará efectiva antes de tres meses. La asamblea de los antiguos accionistas, que resultó muy animada, comisionó a su directiva para formalizar este pacto con el Ministerio de Economía.

El presidente de la comisión elegida por la comunidad de accionistas del Banco Atlántico, Casimiro Molins, abrió la sesión exponiendo el contenido del principio de acuerdo al que se había Regado con la Dirección General del Patrimonio del Estado: el justiprecio de las antiguas acciones se cifraría en 1.490 pesetas por título, cantidad a la que se acumularían los intereses, "computados desde el día que tuvo lugar la expropiación", al tipo básico del 8%.La cuantía total del justiprecio, calculado a los dos años de la expropiación -es decir, a 23 de febrero próximo- se cifra en 1.737,90 pesetas por acción. Todo indica que la liquidación del mismo se efectuará con antelación al segundo aniversario del decreto expropiatorio.

El asentimiento de los antiguos accionistas a la propuesta de acuerdo fue abrumador. Del millón y medio de antiguas acciones representadas en la reunión, tan sólo cuatro antiguos poseedores de 1.040 títulos, se opusieron al acuerdo o se abstuvieron. De la comunidad de accionistas forma parte un porcentaje indeterminado entre el 30% y el 50% del capital del Atlántico, anterior a la ampliación correspondiente a la operación acordeón (6.825 millones).

Los miembros de la comisión representativa consideraron que las condiciones del pacto hilvanado con la Administración eran favorables. De hecho, el primer dictamen realizado por encargo de la comisión, elaborado por el experto financiero Robert García Cairó, estimaba en un 203%. el precio auténtico de las acciones, que precisamente se cotizaban a un nivel similar antes de la expropiación del 23 de febrero de 1983. Sobre la base de dicho dictamen, la comisión representativa, apoyándose en la realidad de los beneficios generados y no distribuidos, y en otros aspectos laterales favorables a una mayor valoración de los títulos, elaboró su hoja de aprecio, proponiendo una cotización del 234%.

Por su parte, la Admínistración, que inicialmente contemplaba una valoración de las acciones a la par -y que enajenó el 100% de la propiedad al consorcio formado por Arab Banking Co., Banco Exterior de España y Aresbank, el pasado 14 de abril, a una valoración del 75%- fue aproximando sus posturas a las de los accionistas minoritarios, perjudicados por el asunto Rumasa. Estos acercamientos originaron la propuesta de acuerdo formalmente aprobada ayer, que recibió los plácemes de los reunidos, en ocasiones envueltos en acerbas críticas al acto expropiatorio, como la encendida proclama de uno de los asistentes, que expresó su "aceptación pragmática de la realidad", endureciéndola verbalmente con gritos de "nos han expoliado!", para satisfacción de los escasos extremistas asistentes.

Los miembros de la comisión indicaron que la aceptación del justiprecio suponía también la renuncia expresa a proseguir el procedimiento expropiatorio.

Un hecho significativo del acuerdo, es que éste beneficiará también a los nuevos propietarios del Banco Atlántico. En efecto, el consorcio público árabe-español, compró el 100% de la propiedad del banco a una valoración del 75%. En ello iba incluída la autocartera, es decir, las filiales del banco que ostentaban en el Atlántico una participación de 700 millones de pesetas nominales, lógicamente adquirida al 75%. Pues bien, estos títulos llevan incorporado el derecho a percibir el justiprecio, es decir, la compensación del 173,90%. El coste de este detalle para el sector público equivaldrá, pues, a cerca de 700 millones de pesetas.