El pesimismo reina en Portugal

Portugal es un país dominado por el pesimismo. Y como latinos, los portugueses se ríen de su propia desgracia. Circula un chiste por Lisboa: "Los españoles están comprando fincas en Extremadura, cerca de la frontera, para tener vistas al mar cuando Portugal se hunda". Ni siquiera los dirigentes de los dos partidos que formaron la coalición de Gobierno tras las elecciones del 25 de abril de 1983, el socialista (PS) y el socialdemócrata (PSD), caen en el pecado del optimismo, por temor a caer en el pecado del ridículo."Soares-Pinto-A la calle", "Basta de miseria", "Basta de hambre". La austeridad ha llegado también a las pintadas callejeras, que marcaron con su creatividad los primeros años de la revolución. La mayoría de estas protestas en los muros tienen ya varios meses de vida. Pero siguen siendo representativas de la oposición al Gobierno, fundamentalmente del Partido Comunista (PCP) y de la poderosa Central General de Trabajadores de Portugal (CGTP-Intersindical, comunista), y de amplios sectores de la población que sufren en sus carnes la agresión de la crisis y de la política de austeridad.

Las elecciones del 25 de abril de 1983, como todas las celebradas desde el triunfo de la revolución de los claveles, en 1974, no otorgaron mayoría absoluta de escaños en la Asamblea Nacional a ninguno de los cuatro partidos que lograron representación parlamentaria. El Partido Socialista (PS) obtuvo 101 escaños; el socialdemócrata (PSD), 75; la Alianza del Pueblo Unido (dominada por el PCP), 44, y el derechista Centro Democrático y Social (CDS), 30.

Unas difíciles negociaciones concluyeron con la formación del bloque central, coalición de socialistas y socialdemócratas que, con el 70% de los escaños de la Asamblea, parecía tener garantizada una gobernación libre de sobresaltos. No ha sido así. La política de estabilización impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las diferencias entre los aliados de hoy (apenas ayer enemigos), han agudizado las tensiones sociales y políticas en los últimos 18 meses, con el factor añadido de una intervención del presidente de la República, el general Antonio Ramalho Eanes, que difícilmente puede considerarse ajena a la formación de un nuevo partido en torno a su persona.

En el plano exterior, la receta del FMI, que condicionaba a su cumplimiento la concesión de nuevos créditos, imponía la reducción del déficit de la balanza de transacciones corrientes y de la deuda externa. El. objetivo se cumplió con creces. El primero de los desequilibrios, que en 1982 alcanzaba los 3.245 millones de dólares, se redujo a 1.620 millones en 1983 y a 700 millones en 1984, muy por debajo del objetivo de 1.250 millones. En cuanto a la deuda externa, se consiguió limitar el ritmo de su crecimiento (25% en 1982) y se ha mantenido en el 5%, hasta alcanzar unos 15.000 millones de dólares, una de las mayores del mundo per cápita pero en un nivel que aleja la quiebra financiera que parecía inevitable hace tan sólo dos años.

Mario Soares depositó el incómodo expediente de administrar la crisis en Ernani Lopes, un independiente próximo al Opus Dei, que incluso amenazó con dimitir cuando se aprobó la ley de despenalización del aborto. Uno de sus más próximos colaboradores, que pide que no se publique su nombre, reconoce que no es lo mismo mejorar las finanzas que mejorar la economía y que el éxito exterior ha tenido graves consecuencias en el plano de la coyuntura económica interna, entre otras la disminución de los salarios reales y el estancamiento de la actividad productiva. "Pero no había otra salida", asegura. "En economía no hay milagros y este Gobierno ha hecho lo único que podía hacer ante el programa de estabilización del FMI". Para el asesor de Ernani, "la responsabilidad de la crisis es de los anteriores Gobiernos, que dejaron el país al borde de la bancarrota".

Situación de prerruptura

Las críticas desde el campo de los interlocutores sociales a la política económica del Gobierno proceden tanto de las organizaciones empresariales cómo de la jerarquía católica y de la CGTP-Intersindical, que agrupa a cerca de dos millones de trabajadores, de una población activa que ronda los 4,5 millones.Álvaro Rana, miembro de la dirección colegiada de la central, afirma que se está llegando a "una situación de prerruptura, con niveles intolerables de degradación económica y social". Rana (que niega que la CGTP sea la rama sindical del partido comunista, pero que sí admite que el PCP es su correa de transmisión en el Parlamento) denuncia "descensos insoportables de los salarios reales, entre el 13,5% y el 15% en 1984" (oficialmente se admite el 10%), "una política fiscal que castiga a las clases trabajadoras, un aumento brutal del desempleo, que ya supera el 12%" (el Gobierno admite un aumento del 14,6% en 1984, hasta un 8,1%) y "un proceso acelerado de destrucción de empleo".

"El resurgir de las sopas de los pobres", facilitadas sobre todo por organizaciones ligadas a la Iglesia, "y el aumento de los suicidios (más de 900 el pasado año)" son fiel reflejo de la degradación social, según el dirigente sindical.

Rana denuncia que hay 150.000 trabajadores que no cobran sus salarios, en tanto que, oficialmente, se afirma que no llegan a los 100.000 y que la situación ya existía antes de abril de 1983. Para el dirigente de la CGTP, el castigo a la clase trabajadora no se ha visto correspondido con el rigor para la reducción del déficit público.

Para la CGTP la única salida es la dimisión del Gobierno. Una solución que incluso se queda corta para la Confederación de la Industria Portuguesa (CIP), que agrupa a unas 47.000 empresas. El vicepresidente, Rui Manuel Nogueira, y el director de Asuntos Financieros, Fritz J. Haser, presentan un panorama catastrófico de la empresa privada. "No tenemos encargos, nos enfrentamos a tremendas dificultades de financiación, las relaciones laborales no son elásticas. Será muy dificil recuperar la actividad industrial, las pérdidas de las empresas públicas son insostenibles...".

La puesta en práctica de las soluciones que ofrece la CIP supondría, no ya el cambio de Gobierno, sino de sistema, una amplia reforma constitucional que reprivatizase las empresas públicas (incluyendo los bancos), cambiase las leyes laborales (para facilitar el despido) y permitiese, alterando la legislación electoral, Gobiernos estables. "La revolución empeoró la situación económica", aseguran. ¿Quieren, entonces, volver al salazarismo? "De ninguna forma, sólo deseamos una situación razonable". ¿Un pronóstico? "A medio plazo, no vemos una solución que pueda salvar al país"