Una deuda de honor

EL VICEPRESIDENTE del Gobierno ha dado pistas sobradas -en el acto social de presentación de un libro sobre tema militar- para llegar a la inequívoca conclusión de que la deuda pendiente de la España constitucional con los nueve oficiales expulsados de las Fuerzas Armadas en 1975 por su pertenencia a la extinta Unión Militar Democrática (UMD) va a ser finalmente saldada antes de que concluya la legislatura. Cuidando la prudencia en la expresión y extremando la corrección en las formas, Alfonso Guerra contó las razones -antes inconfesables y ahora confesadas- de que la ley de Amnistía de 1977 no remediara a su tiempo esa anomalía. Como es bien sabido, la amnistía de las Cortes Constituyentes no alcanzó a las penas accesorias a que habían sido condenados los militares de la UMD apartados para siempre de las Fuerzas Armadas. El grupo parlamentario socialista no logró vencer la resistencia de los restantes partidos -desde Alianza Popular hasta el PCE- y del Gobierno de Unión de Centro Democrático (UCD), presionados al parecer por intereses corporativos castrenses.Así pues, la plena rehabilitación de los oficiales de la desaparecida UMD se hallaba pendiente casi desde el arranque del sistema democrático. A mediados de 1980, todos los grupos parlamentarios del Congreso -con excepción de Alianza Popular- presentaron una proposición de ley para colmar las lagunas de la ley de Amnistía. Paradójicamente, esa iniciativa, en la que habían trabajado con ahínco algunos diputados de UCD, fue criticada por el ministro de Defensa Agustín Rodríguez Sahagún del Gobierno centrista en una conferencia de prensa celebrada pocas semanas después. La profunda crisis de UCD, la defenestración de Adolfo Suárez y el golpe de Estado del 23-F condenarían a la hibernación durante el resto de la legislatura esa loable proposición, dejando en pie un agravio injustificable.

Resultaba, en efecto, una incongruencia y una lacerante contradicción la expulsión definitiva del Ejército de unos militares que habían sido condenados a penas de privación de libertad y separados de las Fuerzas Armadas por haber defendido durante la etapa final del franquismo, -de manera siempre pacífica- los principios y los valores sobre los que hoy descansa la Monarquía parlamentaria. Las concepciones de la autodisuelta UMD sobre el papel de las Fuerzas Armadas en una moderna sociedad pluralista se hallan parcialmente recogidas en las actuales Reales Ordenanzas. Por esa razón, la equiparación, a efectos de su rehabilitación como oficiales, entre los miembros de la UMD (ya extinta) y los conjurados del golpe de Estado (frustrado el 23-F, pero no abandonado como proyecto) constituye un atentado contra el sentido común y un acto de desprecio hacia las instituciones parlamentarias y la Corona. Mientras los militares de la desaparecida UMD se limitaron pacíficamente a promover la reconciliación de las Fuerzas Armadas y la sociedad, a favorecer el advenimiento de una Monarquía liberada de las hipotecas del pasado y a contribuir a la recuperación por el pueblo español de la soberanía y de las libertades, los sediciosos que asaltaron violentamente el Congreso, secuestraron por la fuerza al Gobierno y a las Cortes generales y se levantaron en armas en Valencia se proponían usurpar el poder, despojar al Rey de sus funciones y abolir los derechos de los ciudadanos.

Debe quedar claro que no se trata de beneficiar a los oficiales de la extinta UMD con medidas de gracia excepcionales. Los militares condenados en 1975 fueron ya parcialmente amnistiados, no tienen que presentar solicitud alguna de clemencia y han probado sobradamente -a costa de sacrificios, personales- su plena identificación con los valores del sistema constitucional. El artículo 213 del Código de Justicia Militar todavía vigente -promulgado en 1945- establece inequívocamente que los condenados a penas militares de separación de servicio y pérdida del empleo pueden ser rehabilitados por ley. Un proyecto del Gobierno o una proposición del Congreso o del Senado bastarían para poner en marcha esa iniciativa legislativa. Por lo demás, es evidente que los problemas de orden jurídico, administrativo o presupuestario suscitados por la aplicación de la medida rehabilitadora habrán de ser protegidos de eventuales presiones de carácter corporativo, al estilo de las que recortaron la ley de Amnistía de 1977. Porque quienes tienen contraída y deben pagar la deuda de honor pendiente con los nueve militares de la autodisuelta UMD no son las instituciones castrenses, sino el Estado y los representantes de la sociedad española libremente elegidos por los votantes. La plena rehabilitación de esos oficiales, en suma, no es una cuestión específicamente militar, sino un asunto nacional que compete a las Cortes Generales y al poder ejecutivo. Que Alfonso Guerra se haya comprometido públicamente a resolver el problema pendiente dentro de esta legislatura honra al Gobierno y a su vicepresidente.