Aplazamiento de tres años para la deuda exterior de Marruecos

La aceptación por Marruecos de las condiciones impuestas el fin de semana pasado en París por las organizaciones financieras internacionales y países acreedores del Reino, que le han valido a Marruecos una nueva moratoria de tres años para su deuda exterior pública y una ayuda financiera anual de unos 3.000 millones de dólares (525.000 millones de pesetas) hasta 1987, divide ya a la clase gobernante de la oposición y de la izquierda y corre el riesgo de enrarecer el clima social durante todo el año 1985.

El fin de semana pasado, los ministros marroquíes de Finanzas y del Plan, Abdellatif Juahri y Abdelhak Tazin, que negociaron en París con 12 países acreedores de Marruecos, entre ellos España, y unas 10 instituciones financieras internacionales, obtuvieron una nueva moratoria de tres años para la deuda exterior de Marruecos, durante el período 1985-1987, y una ayuda financiera de unos 3.000 millones de dólares en cada uno de esos tres años.

Las condiciones pre visibles y que Marruecos ha aceptado han sido las de llevar a cabo nuevos ajustes monetarios, con una posible devaluación del dirham marroquí; la privatización de algunos de los sectores de la economía actualmente confiados a la gestión pública; la introducción de una reforma fiscal, que consistirá probablemente en la aplicación del impuesto sobre el valor añadido (IVA) y un aumento de los impuestos sobre la renta, y el compromiso de no incrementar las cargas fiscales a las empresas y al sector productivo, con la contrapartida de una continuación en la congelación de los salarios. El aspecto más criticado por la oposición, y probablemente el de mayores consecuencias sociales internas previsibles, lo constituye el compromiso de liberalizar los precios, ya que ello implicará nuevos aumentos de los mismos en los artículos de consumo alimentario de primera necesidad, aún parcialmente subvencionados por el Estado.