Acuerdo para superar la division entre miembros del Gobierno sobre la reforma sanitaria

Los asuntos que dividían al Gobierno ante la reforma sanitaria han sido objeto de acuerdo en una comisión interministerial, cuyas conclusiones obran ya en poder del presidente del Ejecutivo, Felipe González. Si mantienen el compromiso los ministros que encabezaban el enfrentamiento -Miguel Boyer, titular de Economía y Hacienda, y Ernest Lluch, de Sanidad y Consumo-, el proyecto de ley de Sanidad será aprobado a finales del presente mes. Cuando sea completada la reforma, en 1990, el Estado asumirá no sólo el billón de pesetas de 1985 que paga ahora la Seguridad Social, sino también los 110.000 millones en que aumentarán los gastos para extender la protección a todos los ciudadanos y ampliar sus coberturas.

Las discrepancias gubernamentales, según fuentes de la Administración, surgieron en torno a cómo aplicar y pagar las tres principales novedades del proyecto: garantizar la asistencia sanitaria a toda la población (dos de los 38 millones de ciudadanos carecen de ella), extender su contenido (incluye la asistencia siquiátrica y amplía otras) y profundizar en la libertad de elección de los beneficiarios.El Ministerio de Economía y Hacienda calculó en principio que la ley costaría cada año unos 300.000 millones de pesetas de 1985, adicionales a los 1,02 billones que serán gastados este año. Desde el otro polo, el Ministerio de Sanidad y Consumo estimaba necesarios 120.000 millones de pesetas.

No obstante, la idea de una aplicación gradual se ha acentuado a lo largo de las conversaciones con los sectores sindicales y corporativos afectados y, finalmente, a nivel de Gobierno.

Cuando todas las discrepancias se manifestaron en dos Consejos de Ministros, empezó a funcionar por decisión del Gobierno una comisión de Economía y Hacienda, Trabajo y Seguridad Social y Sanidad y Consumo.

Las diferencias han sido al fin resueltas tras el 30º Congreso del PSOE, donde la ponencia de Sanidad ratificó el modelo del proyecto de ley e introdujo la afirmación de que los gastos de sociales deberán aumentar en los próximos años más que la producción económica.

Un motivo de desacuerdo en las cifras procedía de la prevista integración de los hopitales del Insalud, Aisna, diputaciones, ayuntamientos y clínicos universitarios. El ministerio de Miguel Boyer decía que ello elevaría el gasto en unos 80.000 millones de pesetas anuales, sobre todo por las exigencias de equiparación del personal.

Pero habrá, para impedirlo, reconversión de la mayoría de los centros y cierre de otros. Como la red para enfermedades agudas se considera buena y la de crónicas insuficiente, los enfermos crónicos podrán ser desconcentrados y enviados a centros ahora infrautilizados en especialidades como la lucha antítuberculosa o venérea, donde se prestarán servicios de hospedaje, más baratos que la ocupación de grandes hospitales.

Boyer cede

También ha cedido Economía y Hacienda en su concepción de la libertad de elección de, médico como algo similar al pago por acto médico, que se complementaría con un boleto moderador -en parte a cargo del paciente- para disuadir de abusos y contribuir a sufragar el coste de la ley. Frente al modelo francés y alemán, la ley consagrará otro más próximo al británico, integramente a cargo del Estado.

En la atención primaria habrá libre elección de médico dentro de cada área de salud (para poblaciones con más de 250.000 habitantes, en el conjunto de la ciudad). En la hospitalaria se podrá elegir servicio especializado, tras el diagnóstico, dentro de la comunidad autónoma, salvo que no tenga los especialistas requeridos por el diagnóstico. No obstante, hacia el año 1990 servicios como la aplicación de prótesis deberán ser pagados con ayuda de los pacientes.

Por el contrario, el acuerdo prevé que el imperativo constitucional de extender la sanidad a todos los ciudadanos entre en vigor de golpe, a partir de 1986. De los dos millones que faltan, se estima que sólo aumentarán efectivamente los costes por los gitanos y otras minorías marginadas; el otro millón de los hoy excluidos está nutrido por profesionales y empresarios autónomos que mantendrán servicios privados.

El acuerdo estima el coste de la ley en 110.000 millones de pesetas anuales. Al aplicarse gradualmente durante cinco años, el aumento de gasto será de 22.000 a 30.000 millones de pesetas en 1986 (principalmente por la universalización de la asistencia y las equiparaciones), de unos 44.000 millones el segundo año (por las mismas causas y las derivadas de la extensión de servicios), y así sucesivamente hasta alcanzar los 110.000 millones en 1990.

Los nuevos gastos serán atendidos y englobados en la dotación anual del Estado a la Seguridad Social (0,7 billones de pesetas en 1985). Cuando ésta iguale al conjunto de los gastos sanitarios, será separada de la Seguridad Social, coincidiendo con el paso a titularidad del Estado de los hospitales y centros de la Seguridad Social.