Hacia un servicio público sin bloqueos y pagado por impuestos

Los aspectos del proyecto de ley de Sanidad contestados desde algunos sectores corporativos, así como la definitiva fiscalización de este servicio público, apenas han suscitado discrepancias entre los redactores del texto y, ahora, entre los ministros. Según las fuentes administrativas donde se ha obtenido la información, ambas vertientes serán las de mayor envergadura a largo plazo.Por un lado, más que reglamentar, la ley intenta desbloquear las rígidas estructuras nacidas en 1944 a expensas de un esquema organizativo que data de la ley de 1855. El Gobierno podrá actuar por decreto en terrenos hasta ahora vedados. Sobre lo no obstaculizado por la ley de 1944, el Ejecutivo ya ha tomado decisiones. Un reciente decreto, por ejemplo, ha elevado de dos a seis horas el mínimo de permanencia de los médicos en consultas y ambulatorios, para las plazas de nueva convocatoria. Con la nueva ley, podrá implantar una exigencia similar a todos los médicos, aunque se acuerden períodos transitorios. Igualmente, los médicos titulares de un pueblo han podido impedir hasta ahora que entre otro profesional; en el futuro, deberán integrarse en las nuevas zonas de salud, articuladas por equipos completos (médicos, asistentes sociales, etcétera) y coordinadas por cada comunidad autónoma o por el Estado, que decidirán sobre la asignación de recursos.

En vez de permanecer compartimentada (Estado, diputaciones, ayuntamientos...), la sanidad pública será integrada en un Sistema Nacional de Salud. Su casi exclusiva financiación a través de la Seguridad Social (con cuotas de empresarios y trabajadores) será asumida paulatinamente por el Estado (con impuestos). Al final del proceso, los centros y hospitales de aquélla pasarán al Estado.