Recortar los privilegios de la herencia intelectual

La ley española de 1879, aún vigente, reconoce el derecho de propiedad intelectual durante la vida del autor y 80 años más. Es una ley sumamente proteccionista en este sentido, ya que la mayoría de los países europeos, a excepción de Austria y la República Federal de Alemania, sigue la Convención de Berna de 1887 y posteriores convenios internacionales, que marcaron el tope a los 50 años de la muerte del autor. El anteproyecto de ley que prepara el Gobierno español se homologa a Europa, rebajando también a 50 años la duración de tal derecho.La postura de los autores y los editores es opuesta. Mientras los primeros opinan que la Convención de Berna hablaba de un mínimo, y que tal reforma lesiona los derechos de los herederos del autor, los segundos opinan que los 80 años de la legislación actual son una exageración, que sólo Colombia es tan proteccionista y que en la República Federal de Alemania, Austria e Israel, donde la duración es de 70 años, hay una tendencia a la baja.

De entrar la nueva ley en vigor, los derechohabientes de las obras de autores como Federico García Lorca o Ramón María del Valle-Inclán, muertos en 1936 y 1937, respectivamente, van a perder sus privilegios en muy pocos años. Al caer en el dominio público las obras de autores como los mencionados, la difusión de éstas se abaratará, incluso aunque se establezca el canon anunciado, ya que nunca será tan elevado como el generalmente establecido por derechos de autor.

El proyecto gubernamental, además, tiene en cuenta el abuso de derecho de los derechohabientes, de tal manera que, a instancias de las instituciones públicas y en favor de "un interés en beneficio de la cultura", el juez podría "corregir el abuso". Un artículo que todas las partes consultadas por este periódico han recogido con satisfacción, aunque algunos manifiestan cierto temor ante lo que califican de puerta abierta al dirigismo.

Tanto la reducción a 50 años del derecho post mórtem de explotación como el mencionado artículo parecen indicar que derechohablentes como los familiares de García Lorca o Valle-Inclán, conocidos por dificultar en ocasiones la difusión de las obras de los mismos, tienen sus días contados.