La ley cultural más discutida

Desde que la ley de Propiedad Intelectual cumplió 100 años, en 1979, la sociedad española ha demandado una revisión de la misma. UCD preparó un anteproyecto que nunca llegó a ver la luz. El Gobierno socialista, tras un año de comisiones, revisiones y elaboración de varios borradores, ya tiene un anteproyecto de ley de Propiedad Intelectual con 136 artículos y muchas objeciones de las partes casi siempre opuestamente interesadas; de manera que lo que a un editor le parece una innovación espléndida, al autor le resulta inadmisible; y viceversa.

La reducción de la duración del derecho post mórtem de 80 a 50 años, la contemplación de situaciones nuevas ante nuevos medios, como los programas de ordenador, de radio y de televisión, la creación de un canon que habrá que pagar por difundir obras del dominio público y el aumento de penas para los delitos contra la propiedad intelectual y su exhaustiva tipificación son algunas de las más llamativas novedades del anteproyecto de ley de Propiedad Intelectual que el Ministerio de Cultura está preparando. El texto definitivo no estará listo hasta el mes de febrero, ya que ahora se están recibiendo las observaciones de las partes interesadas, basadas en el texto difundido por el Ministerio de Cultura, que se ha cerrado en banda a hacer comentario alguno sobre la futura ley.El Ministerio de Cultura formó, a primeros de año, una amplia comisión, que, según versión de uno de sus miembros, desarrolló una serie de "tempestuosas sesiones de trabajo, en las que era difícil concretar nada". Después del verano, Cultura redujo la comisión a un grupo de trabajo, formado fundamentalmente por juristas y funcionarios del ministerio, que entregó a Solana un borrador a finales de octubre. El texto ahora distribuido por la Subsecretaría General Técnica no es igual al borrador elaborado por la comisión, según un miembro de la misma. La pasada semana, la Sociedad General de Autores de España (SGAE), que intervino en la redacción del borrador, manifestó en conferencia de prensa su temor de que grupos de presión desvirtúen el entregado a Cultura.

Los puntos positivos de la ley en los que coinciden casi todas las partes es que se trata de una ley moderna, que deroga la antigua y las dispersas normas establecidas posteriormente, y que desaparece la importancia que el Registro de la Propiedad Intelectual tiene en la actualidad. Según la ley de 1879, un autor que no registrase su obra podía perder sus derechos sobre la misma. En el anteproyecto, el registro de la obra queda como acto voluntario, cuya única finalidad sería la de funcionar como prueba a la hora de reclamar los derechos de autor.

Todas las partes consultadas consideran también positiva la reforma M artículo 534 del Código Penal. El anteproyecto impone pena de arresto mayor y multa de 30.000 a 600.000 pesetas al que intencionadamente incurriere en delito contra la propiedad intelectual. Aumentan las penas -el Código Penal prevé actualmente multas de 20.000 a 400.000 pesetas-, pero, además, se tipifican cuáles son esos delitos, como, por ejemplo, reproducir un fonograma sin la debida autorización, o retransmitir simultáneamente, por cualquier procedimiento técnico, una emisión de radio o televisión.

"A nosotros nos preocupa mucho la piratería y nos parece bien que se aumenten las penas y se persigan los delitos", dice Francisco Bestard, director de asuntos extranjeros de la marca discográfica CBS. "Lo que hace falta es que la policía se lo tome en serio, porque el delito también lo recoge ahora el Código Penal y no hay más que ir al Rastro para ver con qué impunidad se venden cintas piratas".

Algunos consultados han hecho constar el peligro que encierra el artículo 33 del anteproyecto de ley, ya que éste permite citar una obra entera "para su análisis, comentario o juicio crítico". Un peligro que perjudicaría, según los consultados, tanto al autor como al editor.

Obras del dominio público

La reducción de la protección post mórtem de 80 a 50 años es una de esas innovaciones, ya recogidas en el texto de la Subsecretaría General Técnica, en la que hay posturas encontradas (véase el recuadro de la página siguiente). Otro punto de fricción es el artículo 42, que establece que, "con objeto de tutelar el derecho moral del autor y fomentar la creación original, el Gobierno podrá acordar el devengo de un canon por la utilización total o parcial, con fines lucrativos, de las obras en dominio público, según sus modalidades". Una obra pasa al dominio público cuando se extinguen los derechos de explotación, que, aprobada la ley, sería siempre 50 años después de la muerte del autor.

"A nosotros esa norma nos parece grotesca", dice Milagros del Corral, secretaria general del Gremio de Editores de Madrid. "Ese canon aumentaría el costo de los libros y tampoco entendemos por qué hay que pagar al Estado por editar a Cervantes y dónde iría a parar ese dinero". "A nosotros nos perjudica esa medida. Grabar un disco de música clásica tiene unos costes muy altos, que se incrementarían con este canon", opina Carlos Grande, gerente de AFYVE (Asociación Fonográfica y Videográfica Española).

Juan Mollá, asesor jurídico de la Asociación Colegial de Escritores, que formó parte del equipo redactor del borrador entregado a Solana, dice, sin embargo: "Nosotros manteníamos ese dominio público de pago y ahora se ha dejado como una posibilidad. Estamos por su creación para fomentar la creación". Igual opina Ester Benítez, que asistió a las primeras reuniones como persona representativa