El Plan de Empleo Rural no es una medida de ocupación plena

El delegado del Gobierno en Andalucía, Leocadio Marín, presentó con optimismo el balance del primer año de aplicación de las medidas sustitutorias del empleo comunitario. Afirmó que éste ha sido el año más tranquilo de la transición, que el Plan de Empleo Rural (PER) no puede ser una medida política de pleno empleo, y que había contradicciones entre las jornadas trabajadas y las declaradas, según se desprende de una encuesta realizada a instancias del Instituto Nacional de Empleo (INEM). La encuesta realizada en toda Andalucía pone de manifiesto que, de todos los beneficiarios del Régimen Especial Agrario (REA), un 45% tienen una cartilla por familia y un 54%, más de una. Otro dato que se desprende del muestreo es el referente a las jornadas trabajadas por año, que tuvieron una media en 1983 de 83,9 jornadas, de las que el 70% fue en agricultura. Un 22% de los beneficiarios del REA nunca trabajó en agricultura y un 13% nunca lo hizo en el empleo comunitario.

Sobre la base de esos datos, Leocadio Marín dijo que el nuevo sistema trata de "separar la protección al desempleo de las medidas generadoras de empleo". Distinguió asimismo entre dos colectivos: los trabajadores del campo, que hay temporadas que trabajan y otras que no, y los parados del medio rural, que no tienen por qué ser trabajadores del campo. Diversas dificultades administrativas y burocráticas han impedido un eficaz saneamiento del censo y en muchos casos los expulsados vuelvan: "de cada 100 expulsados, vuelve el 38%", dijo.