Los jornaleros de Andalucía y Extremadura cobrarán el paro con sólo un día de trabajo

Todos los jornaleros de Andalucía y Extremadura cobrarán en 1985 el subsidio agrario con el único requisito de haber trabajado en 1984 como mínimo un día, según los nuevos criterios que está estudiando el Ministerio de Trabajo. Hasta ahora, para tener derecho a este subsidio había que haber trabajado al menos 60 jornadas. Las nuevas medidas afectarán a cerca de 200.000 trabajadores agrarios que no cumplían estas condiciones.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social propondrá en breve a los interlocutores sociales nuevas normas para que los jornaleros de Andalucía y Extremadura puedan acceder al subsidio agrario. De acuerdo con los criterios que se vienen manejando, todos los parados del campo que consigan justificar ante las oficinas de Empleo que en 1984 han trabajado como mínimo un día, tendrán derecho a las percepciones de paro. El subsidio por desempleo agrario tiene una cuantía del 75%. del salario mínimo, equivalente a 930 pesetas diarias, más 116 pesetas del pago del cupón de la cartilla. Su duración se prolonga durante 180 días. La normativa actual exige que para tener derecho a estas prestaciones, los parados han de justificar 60 jornadas trabajadas.

De seguirse rigurosamente la normativa en vigor, sólo podrían cobrar el subsidio un 14% del censo total de parados del campo; es decir unas 38.000 personas, que son los que han cubierto el mínimo de jornadas. Según datos del Ministerio de Trabajo, 43.000 jornaleros han realizado entre 30 y 59 jornadas; 49.000 han cubierto de 10 a 29 peonadas y un total de 116.000 no habían conseguido trabajar -o cuando menos, justificar- ni un sólo día de trabajo.

Aunque estos datos se refieren al 30 de octubre y es posible que la situación haya cambiado -campaña de recogida de la aceituna y vendimia en Francia-, fuentes de Trabajo señalaron que, en cualquier caso, el número de jornaleros que perderían su derecho al paro seguiría siendo muy elevado. Aun con las nuevas normas, pendientes del refrendo de sindicatos y patronal, cálculos oficiales apuntan a que se quedarán fuera del subsidio cerca de 20.000 jornaleros, que no podrán justificar ni una sóla jornada de trabajo en 1984.

Los mismos medios puntualizaron que no todas las jornadas trabajadas se declaran y que en el censo agrario están incluidos indebidamente otros parados. Una inspeción recientemente realizada ha llevado a eliminar de las listas de paro agrario a unas 15.000 personas.

Los criterios que viene manejando el Ministerio de Trabajo, según fuentes de este departamento, establecerán un baremo en la duración de las prestaciones en función del número de jornadas trabajadas. De manera que los que hayan cubierto 60 o más peonadas tendrán derecho al máximo del subsidio -930 pesetas diarias durante 180 días-, reduciéndose el período de la prestación según descienda el número de días trabajados.

Beca de formación

Aquellos parados agrarios que ni siquiera hayan conseguido trabajar un día y, consecuentemente, no tengan derecho al subsidio, podrán solicitar una beca para realizar cursos de formación ocupacional. Los beneficiarios de estas becas cobrarán como mínimo el 25% del salario mínimo, unas 300 pesetas diarias. Para cumplir este objetivo en 1985 hay una cantidad presupuestada de 38.000 millones de pesetas. En 1986, se revisarán nuevamente los planes, de acuerdo con los resultados obtenidos en esta primera fase.Según los criterios del Ministerio de Trabajo, se considera jornada trabajada tanto la realizada en proyectos acogidos al Plan de Empleo Rural (PER) como la que los jornaleros hayan efectuado en explotaciones agrícolas de carácter privado. La reforma que el Ministerio de Trabajo abordará en los próximos días no sólo se circunscribirá al subsidio. En el paquete que la Administración presentará para su negociación a sindicatos y patronal se incluye el que las fuerzas sociales participen activamente en el Plan de Empleo Rural. De cara a 1985 está previsto que los sindicatos, la patronal, los gobiernos autónomos de Andalucía y Extremadura, y la comisión interministerial de inversiones estudien conjuntamente los proyectos susceptibles de inclusión en el PER, para agilizar la realización de inversiones.