El texto de la futura ley de Aguas, apoyado por los principales usuarios

El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo ha presentado a la comisión de subsecretarios, como paso previo a su estudio por el Consejo de Ministros, el proyecto de ley de aguas que ha sido discutido con los principales afectados -regantes y usuarios- a lo largo de todo este año. La asamblea de la federación nacional de regantes se pronunció el viernes favorablemente al texto del proyecto actual, lo que significa la desaparición de la mayor oposición que existía al texto legal.

Julián Campo, ministro de Obras Públicas y Urbanismo, señaló en el transcurso de una conferencia de prensa, que a lo largo de 1984 se había tratado de discutir con todas las partes afectadas el proyecto de ley que va a sustituir a la actual ley de aguas, que está vigente desde 1879. La decisión de la asamblea de federaciones de regantes de dar su aprobación al texto era el último escollo importante que le quedaba a la Administración.El ministro de Obras Públicas dijo que hay completo acuerdo con las comunidades autónomas cuyo Gobierno es socialista y que se ha avanzado mucho, acercándose al acuerdo completo, con la comunidad autónoma catalana; las discusiones con el País Vasco están paralizadas, aunque es previsible que no se produzcan problemas graves.

Con las comunidades en las que el Gobierno es de Alianza Popular se han desarrollado directamente con el Grupo Popular, según afirmó Julián Campo, y no existe acuerdo -señaló- porque la discusión ha sido imposible al no presentar ninguna alternativa dicha formación política. El apoyo de los regantes se considera de especial importancia ya que en estas asociaciones de usuarios se encuentran representados este tipo de usuario.

Recurso escaso

El proyecto de ley considera el agua como un recurso escaso que exige una planificación y ordenamiento de su uso, en especial de las aguas subterráneas que hasta ahora no han sido protegidas legalmente. El proyecto de ley reconoce los derechos de los propietarios de pozos de aguas subterráneas ya que los titulares actuales seguirán disfrutando de sus derechos actuales durante un plazo de 75 años, plazo que podrá prorrogarse mediante la oportuna solicitud.El ministro de Obras Públicas y el presidente de la federación de regantes señalaron que el proyecto significa un paso adelante en la protección de los usuarios de aguas subterráneas ya que se establecen unas normas determinadas para impedir que aquellos que están utilizando ya estas aguas lo puedan seguir haciendo sin correr el peligro de que otro nuevo pozo seque el ya existente.

Participación ciudadana

El proyecto de ley establece que la cuenca hidrográfica es la base natural para la administración del agua, y se configura a través de los organismos de cuenca, distinguiendo las cuencas intercomunitarias -aquellas cuyas aguas discurren en más de una comunidad autónoma- y las intracomunitarias, que nacen y mueren en una única comunidad.La ley contempla la representación y participación de los usuarios en una proporción mínima de un tercio (regantes, corporaciones locales, industrias) en los órganos de gobierno de las confederaciones hidrográficas. La planificación hidrológica se realizará a dos niveles, el primero de ellos en las cuencas, cuyo desarrollo se aprobará por el Gobierno, y el segundo a nivel nacional que tiene que ser aprobado por las Cortes, mediante la correspondiente ley. La planificación hidrológica estará subordinada a la económica y a la ordenación del territorio.