Primera escaramuza de una guerra declarada
La explosión de una bomba ante la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, con resultado de un muerto y tres heridos graves, es sólo una primera escaramuza en la guerra declarada contra los norteamericanos residentes en Colombia por los traficantes de droga, que han amenazado con eliminar a cinco estadounidenses por cada extradición que sea concedida en virtud del tratado bilateral firmado en 1979.
La delegación diplomática de EE UU ha tomado tan en serio la amenaza que ha reducido al mínimo su personal, ha enviado a su país a la mayoría de sus familiares y ha aconsejado la repatriación voluntaria de los norteamericanos que viven en Colombia. Las medidas de seguridad en torno a la cancillería se han reforzado al máximo, y el embajador Lewis Tambs viaja en coche blindado con una fuerte escolta.
El presidente Belisario Betancur ha firmado hasta ahora cinco decretos de extradición, que afectan a Manuel Antonio Garcés, Ricardo Pabón, los hermanos Said y Hernán Botero Moreno.
Washington reclama la extradición de 78 colombianos acusados de tráfico de droga, conspiración, lavado de dólares, fraude fiscal y falsificación de documentos. Al margen de los cinco casos ya concedidos, hay 10 personas de esa lista que se encuentran detenidas, mientras los tribunales analizan sus expedientes, y se ha dictado orden de busca y captura contra 21 ciudadanos más.
Hasta abril de este año el Gobierno de Betancur se mostró renuente a aplicar el tratado, amparándose en que los ciudadanos colombianos cuya extradición pide Washington deben ser juzgados primero por los tribunales de su país. El asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, el 30 de abril, a manos de profesionales contratados por la mafia de la cocaína, hizo que el presidente anunciara su propósito de aplicarlo sin vacilaciones.
