La droga en el País Vasco

Los OBISPOS de Pamplona, Bilbao, San Sebastián y Vitoria acaban de publicar un documento colectivo que, bajo el título El oscuro mundo de la droga juvenil, se ocupa de la toxicomanía en las comunidades autónomas del País Vasco y de Navarra. Los obispos, que actúan de hecho como una conferencia episcopal de los territorios donde se habla el castellano y el euskera, han mostrado su valor para realizar descripciones, formular diagnósticos y proponer soluciones. Los pronunciamientos públicos del episcopado vasco-navarro, con independencia de las críticas que puedan expresarse respecto a sus contenidos, nunca han rehuido el estudio de las cuestiones candentes y polémicas, bien sea la violencia política, el terrorismo, la tortura, el desempleo o la reconversión industrial.La carta pastoral ha tenido una especial resonancia por sus referencias a la participación de las bandas terroristas en el tráfico de estupefacientes y al empleo por funcionarios del Estado de la droga como instrumento para pagar los servicios de confidentes. Partiendo de que el tráfico de drogas "ha sido uno de los medios utilizados por diversos movimientos terroristas para costearse sus propias armas", los obispos del País Vasco y de Navarra tienen "motivos fundados para sospechar" que ese mismo procedimiento "ha sido utilizado, al menos en ocasiones, en nuestra propia tierra". En el mismo comunicado en que se jacta de su atentado contra el general Rosón, ETA Militar se rasga las vestiduras ante esa autorizada denuncia, niega su participación en el tráfico de drogas y acusa a los obispos de ignorar "desde sus santuarios" el carácter "voluntario y desinteresado" de la militancia en las organizaciones terroristas. Asombra que el fanatismo y la arrogancia pueden cegar a los vanguardistas hasta el extremo de creerse su propia retórica doctrinaria. A nadie debería extrañar que la hacienda de ETA se alimentase del tráfico de drogas, puesto que sus restantes fuentes de financiación -las extorsiones gansteriles a industriales y profesionales, los rescates por secuestro o los asaltos a mano armada- proceden también de los bajos fondos de la moral y utilizan como sanción a los morosos y a los desobedientes la pena capital. Para demostrar que la militancia en ETA no tiene carácter "voluntario" basta con mencionar las calumnias y las amenazas de muerte dirigidas contra los miembros de la organización que han elegido el camino de la reinserción social. Finalmente, nada menos "desinteresado" que un comportamiento cuyas motivaciones últimas descansan en las expectativas -no por infundadas en los hechos menos operantes en la conciencia- de la conquista del poder, fuente ¡limitada de recompensas psicológicas y de ventajas materiales en un sistema totalitario como el que ETA pretende establecer en el País Vasco.

El documento eclesiástico señala que es "voz común" el hecho de que algunos agentes del orden público se han propasado -"en casos puntuales, pero no excepcionales"- en el ejercicio de sus funciones "al suministrar a determinados delincuentes dosis de droga para obtener a cambio la información requerida para sus pesquisas". La reacción del Ministerio del Interior ante esa revelación -un secreto a voces en la sociedad vasca, documentado además por informaciones de prensa- ha sido invitar a los obispos a que recurran al fiscal o se personen en el juzgado de guardia, "como es obligación de cualquier ciudadano o institución que conozca supuestos hechos delictivos", para aportar las pruebas de sus denuncias. Parece innecesario recordar que la jerarquía eclesiástica dificilmente podría revelar sus fuentes de información y que la Ramada de atención de la carta pastoral debería ser suficiente para que el Ministerio del Interior pusiera en marcha, si tuviese la voluntad política precisa para hacerlo, sus propios mecanismos de investigación.

Pero sería injusto reducir el alcance de este documento a las denuncias sobre las connivencias y responsabilidades de las bandas terroristas y de algunos funcionarios estatales en el tráfico de drogas. La pastoral se esfuerza también por situar el problema de la toxicomanía en el País Vasco y Navarra dentro de un marco más amplio. Distinguiendo las drogas que producen únicamente dependencia psíquica (los derivados del cannabis y la cocaína) de la mortífera heroína, en cuya dependencia fisica han caído unos 11.000 vascos y unos 1.000 navarros, los obispos apuntan las implicaciones de poderosas empresas y altos ejecutivos en ese comercio criminal. En su criterio, es preciso que la acción policial y judicial llegue a los eslabones más altos de la cadena de estupefacientes, situados en las zonas aparentemente más respetables de la sociedad.

La Carta a los jóvenes toxicómanos que cierra el documento puede ser de útil lectura a los medios bien pensantes que zanjan ese complejo y doloroso problema con alusiones descalificadoras y despectivas, agresiva y cruelmente dirigidas a los prisioneros de las drogas. Recogiendo su sufrimiento "con temblor y con respeto", los obispos de Pamplona, Bilbao, San Sebastián y Vitoria hacen una honrada reflexión sobre las responsabilidades globales de la sociedad en ese pavoroso drama y sobre la necesidad de un esfuerzo colectivo para sacar a las víctimas de ese "pozo oscuro y profundo" mediante la prevención y la rehabilitación.