La manifestación de ayer

LA MANIFESTACIÓN celebrada ayer en Madrid contra la política educativa del Gobierno ha servido, en primer lugar, para que cientos de miles de ciudadanos ejercieran su derecho constitucional y proclamaran sus discrepancias con la política que en este terreno está desarrollando el Ejecutivo socialista. La convocatoria, efectuada por organizaciones empresariales del sector, asociaciones de padres de alumnos, apoyada por algunos miembros del episcopado y jaleada y capitalizada por los partidos de la derecha conservadora, se ha desarrollado con toda normalidad y ha quedado bien a las claras de qué libertad de enseñanza se hablaba. Los escasos intentos de grupos minoritarios de marcada significación totalitaria para pescar en río revuelto fueron contundentemente cortados por los servicios de orden de la propia manifestación y sólo hay que lamentar la complacencia mal disimulada de Carmen Alvear -constituida en principal protagonista de esta concentración- con una pancarta que, en un salto en el vacío, arremetía lisa y llanamente contra la Constitución.Pero, independientemente de estas anécdotas, la manifestación de ayer merece un análisis más sosegado, y la interpretación de su desarrollo va a ocupar en los próximos días un lugar de privilegio en la política nacional. El Gobierno, por su parte, guardó silencio, y, como es bastante frecuente, el poder se reserva, no se sabe bien si por prudencia ante la provocación o porque no se le ocurre nada que decir. Todo parece indicar que esta arrogancia de la Administración y la torpeza de algunos miembros del partido socialista han servido en bandeja los ingredientes necesarios para montar una polémica poco esclarecedora sobre el siempre sensible terreno de la educación de los hijos.

No parece, a nuestro juicio, que iniciativas como las de ayer sean, sin embargo, las más eficaces para conseguir un consenso de toda la sociedad sobre el modelo de sistema educativo. Las deficiencias de la escuela en España no parece que se puedan superar en el contexto de un enfrentamiento político. La manipulación de sentimientos primarios, la apelación a creencias religiosas -ayer se utilizaron fragmentos de un discurso de la visita del Papa a Madrid-, emboscados en una discusión ideológica, sirven en realidad para ocultar la defensa de unos privilegios insostenibles en un sistema educativo moderno y eficaz. En toda esta polémica sobre la escuela se presenta un panorama cargado de confusiones, acusaciones infundadas, y realmente falta la reflexión y el estudio desapasionado sobre la coherencia de un sistema educativo mixto, como es el caso español.

De cualquier manera, el recurso a la movilización en la calle con el aparato de propaganda y convocatoria que ha acompañado a la manifestación de ayer debiera merecer algunas dosis de mayor sensatez. No se puede pedir moderación, capacidad de compromiso y voluntad política de pacto para las reivindicaciones de los demás y desmelenarse a las primeras de cambio cuando se sienten limitados algunos privilegios.

La escasa capacidad del Gabinete para hacer llegar a la sociedad el contenido de su política y hacer posible el libre debate de los ciudadanos quizá haya favorecido o hasta alimentado la protesta. No obstante, estos gruesos errores no pueden justificar ni por asomo el terrible esfuerzo de artificial crispación de la convivencia ciudadana que se viene ejercitando desde los más variados e insospechados asentamientos. Y la manifestación de ayer constituía un uso y un abuso de la libertad de enseñanza para encubrir otras motivaciones menos explícitas y altruistas, como las reivindicaciones de empresarios privados del sector, demandando más fondos públicos.

Por lo demás, la LODE está pendiente de la sentencia del Tribunal Constitucional. El destino de los 100.000 millones de pesetas que los presupuestos del Estado consignan como subvención a los centros privados está en el centro de la polémica. Puede decirse que el debate sobre la escuela está abierto, y precisamente en un marco poco propicio para que mejore la calidad de la enseñanza, se consiga una escolarización real de la población y, en definitiva, nuestro sistema educativo esté a la altura de los tiempos y cumpla con lqs exigencias de una sociedad moderna. Muy probablemente muchos padres y alumnos participaron en la marcha de ayer motivados por estos deseos. Pero no parece que quienes han mantenido el sistema educativo español durante tanto tiempo en los límites del arcaísmo sean quienes van a transformar ahora esos deseos en realidades tangibles. El derecho a la educación es un terreno fácil para los ejercicios demagógicos.