Las raíces de la corrupción en Italia

JUAN ARIAS Cada día es más amplia la lista de personajes políticos, funcionarios y dirigentes públicos italianos que se ven citados a juicio por causa de supuestos delitos financieros.

En las últimas horas hasta un católico como el presidente de la Democracia Cristiana, Flaminio Piccoli, ha sido acusado de asociación para delinquir y apropiación indebida de fondos públicos por los jueces romanos, viéndose por ello impulsado a dimitir de su cargo.

El miércoles próximo, de nuevo, todo el Parlamento en pleno deberá volver a juzgar en secreto al ministro de Asuntos Exteriores, el democristiano Giulio Andreotti; esta vez por el escándalo quizá más grave de los últimos años en el campo financiero, el del petróleo.

Y a la cárcel siguen entrando cada día alcaldes y tenientes de alcalde, concejales y funcionarios públicos de las regiones y provincias, siempre bajo la misma acusación de corrupción financiera y de asociación para delinquir, casi siempre de tipo mafioso.

Sin embargo, la verdad es que quizá en este país no haya más escándalos que en otros vecinos. Lo que ocurre es que en Italia la corrupción pública tiene una característica muy peculiar: es como una epidemia, como un contagio, del que se salvan muy pocos, ya que últimamente hasta el mito comunista de las llamadas manos limpias ha empezado a desmoronarse. La virginidad proverbial en el campo de la moralidad del partido de Togliatti ha sido violada por toda una serie de funcionarios locales que ha acabado reciente mente en la cárcel. Lo ha revelado y condenado duramente el mismo partido con gran preocupación y lealtad.

Ante este rosario continuo de procesos o de órdenes judiciales que está lloviendo sobre el aparato público se multiplican los análisis para intentar comprender mejor el fenómeno. Y se está buscando una salida honrosa antes de que el cáncer acabe invadiendo de metástasis la comunidad entera, a riesgo de perder seriamente la confianza en los hombres que la gobiernan.

Maldita costumbre

Lo primero que se discute es s esta corrupción es hoy superior a la de los años del boom económico Hay magistrados que aseguran que en los años setenta la corrupción era mayor, y que lo único que ha crecido es la maldita costumbre de la llamada tangente, es decir, una especie de mordida o porcentaje ofrecida al político para obtener ilegalmente, por ejemplo, una subasta, una licencia para construir, un permiso de exportación o importación, un favor cualquiera Porque todo hay que pagarlo. Y se asegura que si hoy el fenómeno es público, y si parece más grande, es por un solo motivo: porque entonces era más fuerte el poder político y más débil la magistratura, y hoy es al revés.

¿Qué ocurre en realidad con la magistratura? Hay quien alaba a todos esos jueces jóvenes, de izquierda, valientes, que se están jugando el tipo, que no están dispuestos a ser comprados y acaban sacando a flote los escándalos. Otros, al revés, acusan a la magistratura de este país hasta de terrorismo político y de actuar sin responsabilidad para enturbiar las aguas políticas sin respetar siquiera la ley del secreto sumarial.

Un magistrado romano, que ha preferido ocultar su nombre, ha confiado a EL PAIS que la verdad es otra: en esta Italia poliédrica hay un fallo fundamental, y es que las instituciones no saben vigilar su propia moralidad. En vez de ser ellas quienes se interesen por expulsar de su cuerpo a las piezas corruptas, lo que hacen es encubrirlas, descargando sus propios escándalos sobre los jueces o sobre la Prensa, como si fueran ellos quienes se los inventan y no quienes los delatan.

Echar a la calle

Esta ausencia de vigilancia institucional ha obligado a los jueces, según el magistrado, a cumplir una. función que en realidad muchas veces podría habérseles ahorrado.

Si en un partido, en vez de encubrir a los corruptos, los echasen a la calle inmediatamente, incluso durante la fase de expediente disciplinario, se evitarían después muchos procesos e intervenciones judiciales.

Otros piensan que la clave de la corrupción política en este país reside en la ley electoral, que acepta el voto de preferencia. Más aún, un político volverá a ser presentado a la reelección por su partido sólo si ha sido capaz de conquistar muchos votos personales. Estos votos son indispensables para poder obtener después un puesto en el partido o en el Gobierno. Pero para conseguirlo, los políticos incapaces de obtenerlos por su prestigio público necesitarán ganárselos, conquistárselos, mantenerlos y hasta comprarlos. Y para eso hace falta una máquina electoral personal eficiente y con mucho dinero. Un dirigente socialista ha confiado a EL PAIS que para asegurarse una reelección al Parlamento, un diputado medio no necesita menos de 500 millones de pesetas. ¿De dónde los saca? Ahí, dicen, empiezan la corrupción. Y se alega que en el partido comunista, donde esto tiene menor incidencia y donde a los candidatos los elige el partido, la corrupción es mucho menor.

Para otros, la corrupción tan generalizada nace de otra raíz: de la falta de recambio político en este país desde hace 40 años. Quiere decir que no existe el miedo al control de la oposición que puede mañana llegar al poder; que existe, a través de los años, una especie de connivencia entre los que gobiernan para cubrirse mutuamente las corrupciones, pudiendo así seguir manteniendo su poder. Por eso, cuando el escándalo estalla se defienden los unos a los otros.

Desfile de políticos en la cárcel

Hay, sin embargo, quien cree que esta razón no basta, ya que, por ejemplo, el recambio político existe en las administraciones locales (ayuntamientos, regiones y provincias), donde, tras un Gobierno comunista, puede volver otro democristiano o al revés. Y donde, a pesar de esto, no existe el freno y el miedo al control, ya que se ve cada día cómo desfilan hacia la cárcel alcaldes y administradores periféricos de todos los partidos, incluso de la izquierda comunista y socialista.

La impresión que tienen muchos políticos honestos es que en realidad faltan en este país auténticos sistemas de control: desde la vida nacional a la Administración local, como sucede por ejemplo en el Reino Unido. Y todo acaba así siendo posible y legal hasta que no intervienen los jueces. Sobre todo porque existen en el campo de la Administración actualmente más de 2.000 leyes y 1.000 propuestas de leyes, y cada una a cuál más difícil de interpretar. Por eso el escritor siciliano Leonardo Sciascia afirma que en este país cualquier ciudadano, hasta el más sano, podría acabar en la cárcel si un juez lo desease, porque es imposible, dice, "conocer y cumplir sin equivocarse las infinitas leyes que nos acosan".