Militares republicanos critican la ley que les da derecho a cobrar la pensión

Dirigentes de las distintas organizaciones de militares de la República han calificado de "inconstitucional" y "discriminatoria" la ley sobre reconocimiento de derechos y servicios prestados a quienes durante la guerra civil integraron las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden Público de la República. La ley concede el derecho a cobrar la pensión mínima de jubilación de la Seguridad Social -unas 26.000 pesetas- a los militares que ingresaron en el Ejército republicano después del 18 de julio de 1936, pero no reconoce la profesionalidad de los afectados -cerca de 20.000-, que tienen una edad de 70 años.

Las principales organizaciones del colectivo han anunciado que no abandonarán los recursos iniciados para defender sus intereses. Incluso el abogado de la Asociación de Aviadores de la República (ADAR), Luis Roldán, ha pedido al Defensor del Pueblo que envíe la ley al Tribunal Constitucional. Roldán ha dicho que los afiliados de ADAR (unos 800), que tienen pendiente un recurso ante el Tribunal de Derechos Humanos del Consejo de Europa, han mostrado "un rechazo total" a la ley.Para ADAR, su principal objetivo consiste en conseguir el reconocimiento por parte del Estado de que los aviadores de la República que ingresaron después del 18 de julio de 1936 son militares profesionales. La ley aprobada ahora por las Cortes, que fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado día 1, reconoce sólo "los servicios prestados" por los afectados.

Por su parte, Antonio Beltrán, presidente de Fraternidad Democrática de Militares de la República (cerca de 3.000 afiliados), ha declarado que la ley aunque supone al menos un primer paso", no agrada a sus compañeros, por lo que aquéllos que ya han presentado las solicitudes para percibir la pensión reconocida incluyen en el documento una cláusula en la que advierten que continuarán ejerciendo acciones legales a través de su abogado, José Mario Armero.

En las próximas semanas está previsto que el presidente del Gobierno, Felipe González, reciba a una representación de Fraternidad Democrática de Militares de la República. Beltrán dice que, en la entrevista, pedirá a González que se reconozca formalmente el carácter profesional de los militares ingresados con posterioridad al 18 de julio de 1936.

José Morán, vocal de la junta de Fraternidad de Carabineros (unos 5.000 socios), asegura que la ley es "anticonstitucional" y supone un "enorme agravio" con el resto de militares. Califica de "miseria" la pensión reconocida y dice que, durante la guerra civil, había unos 70.000 carabineros, de los que ahora sólo viven 9.000 o 10.000.

La ley afecta a los militares que alcanzaron graduaciones de suboficial u oficial, pero no a los cabos especialistas (armeros, mecánicos y otros). "A la ley le falta fondo humano, le falta comprensión", afirma Eduardo Salazar, que fue cabo de Aviación.

Las pensiones reconocidas, por otro lado, serán incompatibles con otras que algunos afectados perciben de la Seguridad Social y, en cualquier caso, la ley señala que las pensiones estarán sujetas al reglamento que se apruebe en el futuro para concretar posibles incompatibilidades de las mismas.

Se estima que los afectados comenzarán a recibir sus primeras pensiones a partir de la próxima primavera.

El paso del tiempo ha sido para los militares republicanos una cuestión de especial sensibilidad para el colectivo, ya que, últimamente, se calcula que fallecen anualmente alrededor de 1.000 afectados. Sólo a lo largo del año 1983 falleció un centenar de los 3.000 afiliados de Fraternidad Democrática de Militares de la República.