La diócesis de Barcelona podrá renunciar a la ayuda estatal en 1993, según un estudio realizado por el arzobispado

"La diócesis de Barcelona podrá autofinanciarse sin necesidad de las aportaciones de la Administración central en 1993", explicó ayer el delegado episcopal de Consejo Diocesano de Economía, Antoni Bascompte, en la presentación del ejercicio económico correspondiente a 1983 de las ocho diócesis catalanas. La Iglesia catalana comienza así una experiencia piloto en el contexto eclesial español, al plantearse la posibilidad de prescindir de la partida presupuestaria que el Estado entrega a la Conferencia Episcopal y que asciende globalmente a unos 11.000 millones de pesetas.

El total de ingresos en las ocho diócesis catalanas ascendió en 1983 a 3.800 millones de pesetas, mientras que el total de gastos fue de 3.739 millones. En la cifra de entradas figuran las aportaciones que la Administración central hace a la Iglesia católica y que ésta distribuye, a través de la Conferencia Episcopal Española, a las distintas diócesis. En el caso catalán, estas aportaciones ascienden a 1.084 millones de pesetas, mientras que las realizadas por los fieles y las de las rentas patrimoniales son del orden de los 2.490 millones de pesetas.Las diócesis catalanas aportan además 412 millones de pesetas a la Iglesia española y universal. En total, según manifestó Antoni Bascompte, "las diócesis catalanas se autofinancian en un 71,48%. y dependen de la Administración en un 28,52%". Existen reticencias, sin embargo, a esta política propiciada por el anteproyecto de ponencia sobre la autofinanciación de la Iglesia en España. La realidad muestra, según manifestaron fuentes eclesiásticas, que en muchas diócesis españolas apenas se han plantea do el asunto.

Un estudio realizado por el Consejo Diocesano de Economía de Barcelona fija el año 1993 como fecha para autofinanciarse incluso sin percibir el llamado impuesto religioso o, en caso de que éste no hubiera entrado aún en vigor, sin la aportación directa de los Presupuestos Generales del Estado.

Según esta hipótesis a nueve años vista, la diócesis de Barcelona, que cuenta con casi cuatro millones de habitantes y un índice de católicos practicantes de entre el 10% y el 15%, estaría en disposición en 1993 de cubrir gastos con recursos propios. Mientras las entradas serían ese año de 1.351 millones de pesetas, los gastos serían del orden de los 1.313 millones, según recoge la publicación Quaderns de Pastoral.

Barcelona, que está a la cabeza de las diócesis catalanas y españolas en este proceso de autofinanciación, intenta de esta manera cumplir una de las aspiraciones de su arzobispo, Narcís Jubany, que precisamente en la glosa del próximo domingo manifiesta que "hemos de seguir con paso firme el camino de una progresiva autofinanciación de la Iglesia". El obispo de Lérida, Ramón Malla -responsable de los asuntos económicos eclesiásticos en Cataluña-, manifestó ayer que luchan "por una Iglesia que sea capaz de actuar autónomamente y huya de aquellas fuentes que puedan ejercer, en alguna ocasión, presión sobre ella".

Las diócesis catalanas celebran anualmente -desde 1982 de forma conjunta, aunque anteriormente lo habían hecho de manera aislada- unas jornadas de Hermandad que consisten en fijar el tercer domingo de noviembre como fecha de una colecta entre los fieles. Esta colecta se ha convertido en una fuente de financiación.

En julio de 1982, y para evitar el desequilibrio entre las ocho diócesis, se constituyó un fondo de compensación interdiocesano para Cataluña. El 5% de lo recaudado en esta campaña de Hermandad pasará precisamente al fondo catalán que lo redistribuirá a las distintas diócesis, según sus necesidades. De esta manera, los obispos catalanes se anticiparon a las disposiciones fijadas por el nuevo Código de Derecho Canónico de enero de 1983.

Renuncia a las vallas

La jornada de colecta en toda España se efectuará por primera vez este año y se desarrollará el próximo domingo, día 18. Esta campaña, para la que la Conferencia Episcopal Española había previsto una inversión de unos 70 millones, se ha visto inicialmente truncada por la negativa de Televisión Española a emitir el anunciado spot publicitario por considerarlo propaganda ideológica. La conferencia presentó recurso el pasado martes contra esta decisión.La publicidad televisiva ha sido criticada por algunos sectores de la Iglesia, que consideran un contrasentido invertir en publicidad para pedir dinero. La pretensión de hacer publicidad contrasta, en cierta medida, con la decisión tomada en la diócesis de Barcelona, donde las autoridades eclesiásticas han rechazado un ofrecimiento gratuito de vallas.

El llamado impuesto religioso, que en realidad no es tal, sino una asignación tributaria, ha sido anunciado en diversas ocasiones, pero su entrada en vigor está todavía lejana. La necesidad de afrontar con realismo este proceso de financiación ha hecho, en opinión de expertos, que la Iglesia española haya optado por estajornada recaudadora. Al dejar en manos de los ciudadanos la opción de pagar el impuesto, puede disminuir la aportación que el Estado hace actualmente a las arcas de la Conferencia Episcopal, a pesar de que la Iglesia contará con los actuales beneficios fiscales.