Las indemnizaciones que nunca llegan

jadores -que alcanzan un 50%el grupo más numeroso de todos sus asegurados profesionales; rozan el 30% y superan con distancia a los abogados, procuradores y administradores, que les siguen a continuación.Pero ¿a quién o qué va a reclamar por las penas que ha padecido, un anciano que pasa tres años ciego total a la espera de que le corresponda su turno de intervención de cataratas en un hospital que tiene en su lista de espera a 800 pacientes con ese mismo padecimiento?

La queja de este anciano es una de las 1.163 recibidas por el Defensor del Pueblo a lo largo de 1983, relativas exclusivamente al ámbito sanitario. La que lleva el número 14.523 recoge otra sobre las amigdalectomías sin anestesia que se efectúan a los niños por ciertos especialistas. La mayoría se refiere a denuncias de pacientes por retrasos para ser atendidos en servicios de neurocirugía, cirugía cardiaca, ginecología, alergia y oftalmología.

Denuncia de compañeros

"Nos cuesta mucho admitir la negligencia de un compañero", con esa un directivo del Consejo General de Colegios Médicos cuando se les reprocha. su escasa colaboración en la testificación de hechos denunciados. Una colaboración que en el caso de los médicos forenses es preceptiva para dar fe de las consecuencias y causas que han resultado de una actuación negligente. Una cosa es reconocer en privado y en presencia de familiares que su colega ha cometido un error, y otra es acudir a testificar, siete años después, en la vista de un juicio por imprudencia temeraria del jefe de servicio.

En contraste con esta actitud cada vez son más numerosos los médicos que se acogen a la cobertura de los riesgos derivados del ejercicio de su profesión. Incluso en aspectos que hasta ahora no iban más allá de actuaciones completamente rutinarias, como son los certificados médicos.

La denegación de auxilio, la acreditación de documentos, traumatología, cirugía -en especial la plástica-, anestesia, las transfusiones de sangre y el consentimiento del paciente son los aspectos más arriesgados de la mediciria. En razón de ese albur las compañías de seguros fijan las cuantías de sus primas. Así, un facultativo de medicina general tiene una prima de 6.000 pesetas anualles por una póliza de cinco o seis millones, mientras la prima de un anestesista está por encima de las 14.000 pesetas anuales, según marcan las tarifas de una de las ecompañías punta del sector.

En algunos países como Estados Unidos la cobertura de riesgos alcanza cifras exorbitantes para los medicos que llegan a destinar el 10% de sus horarios en este cómputo. Muy por debajo de ese baremo se sitúan los europeos, algunos de los cuales, como es el caso de los suecos, están protegidos por un fondo nacional del Estado.

En España todos los colegiados, que son todos los que ejercen, disponen de un seguro de responsabilidad individual, financiado en parte por el colegio provincial en el que están inscritos. Desde el Consejo General de Colegios Médicos se ha intentado sin éxito aplicar un baremo de pólizas uniformes para todo el país. Las diferencias entre los distintos colegios son sustanciales, como para lograr una equiparación. Los de Barcelona disponen de una póliza que cubre riesgos por valor de 45 millones de pesetas, la más alta del país; en León ronda los 20 millones; en Sevilla, 25, y en Asturias, 15, mientras en Madrid no llega a los siete millones.

La oscilación dispar de estas coberturas se debe tanto al índice de concentración de población como al nivel de sensibilidad colectiva por los derechos por los propios pacientes. Pero además de estos seguros colectivos y los que cubren subsidiariamente a los centros hospitalarios donde trabajan, un porcentaje cada vez más elevado de facultativos contrata, pólizas complementarias individuales. En ese caso las compañías afinan lo suyo a la hora de firmar. Estudian con lupa el expediente del asegurado y, con arreglo a su brillantez, determinan la cuantía de las primas 31 su póliza, que en ningún caso excede de 100 millones de pesetas. Lo más común, sin embargo, de las pólizas individuales oscila en torno a 10 millones de pesetas, mientras que los topes máximos y mínimos van desde dos millones a 50 millones de pesetas por asegurado.

Una belleza frustrada

Sólo una de cada 1.000 reclamaciones que se formulan se convierte en indemnización. Y, por supuesto, es resultado de un acuerdo amistoso, como gustan de insistir los aseguradores. Sin embargo, no es ése el procedimiento que arbitra el Insalud para atender las reclarnaciones. A pesar de haber puesto un marcha desde el 12 de octubre un plan de humanización en 15 hospitales y poner a disposición de los pacientes una carta de derechos y deberes, en el período correspondiente a los años 1982-1983 tan sólo ha atendido en toda España, y previa sentencia condenaioria, tres asuntos, por un importe global de ocho millones de pesetas. Al mismo tiempo, se encuentran pendientes de tramitación cinco reclamaciones, que solicitan indemnizaciones por 50 millones.

Por el contrario, una entidad aseguradora privada que cubre mayoritarlamente a los 8.000 médicos de Castilla-La Mancha ha satisfecho en lo que va de año 12 reclamaciones. Una de las que aún no ha resuelto es una demanda de 30 millones solicitada por los familiares de un niño que se encuentra en estado vegetativo. No es frecuente. Sí lo son reclamaciones más simples.y menos dramáticas, como la de un paciente que exige 50.000 pesetas por un defecto en la ortodoncia que le practicó un dentista, o la de 150.000 porque la cirugía estética no le dejó tan atraetivo como le habían prometido.

El plan del Insalud de humanización de hospitales establece, en su artículo 13 que "el paciente tiene derecho a conocer los cauces para presentar reclamaciones y para comunicarse con la administración de las instituciones. Tiene derecho, asimismo, a recibir una respuesta por escrito". Este plan, que regula una carta de 16 derechos y 8 deberes de los pacientes, está en vigor en 15 hospitales públicos dependientes del Insalud. En cualquier otra contingencia que el paciente considere que se ha conculcado el artículo 565 del Código Penal (imprudencia temeraria en la ejecución de un servicio médico) tiene la opción de denunciarlo ante el propio hospital, ante el colegio de médicos que le corresponda, ante la compañía con la que ha suscrito el contrato de asistencia y ante un juzgado de guardia.