Honduras, El Salvador y Costa Rica excluyen del Acta de Contadora la "retirada inmediata" de asesores extranjeros

Los Gobiernos de Honduras, El Salvador y Costa Rica han elaborado, con el apoyo de Guatemala una nueva versión de acta de paz de Grupo de Contadora para Centroamérica en la que se excluye el plazo de seis meses para el desmantelamiento de bases extranjeras del área, se renuncia a la "retirada inmediata" de los asesores militares foráneos que"desempeñen funciones operativas", se autorizan las "maniobras internacionales" y se pospone para un futuro estudio el protocolo adicional que según el acta de Contadora, debería ser firmado por países de fuera de la región, como EE UU, Cuba y la URSS. Este nuevo borrador, elaborada en la reunión del día 20 en Tegucigalpa a la que asisten representantes de cuatro países centroamericanos (la excepción fue Nicaragua), será presentada hoy al Gobierno español por el embajador de Honduras, Iván Romero.

El borrador propuesto por los Gobiernos centroamericanos introduce además cambios sustanciales en los apartados de verificación y control. Se crea una comisión especifica destinada a comprobar los compromisos en materia de desarme y se amplían de manera ostensible las funciones del comité encargado de vigilar los acuerdos políticos. Según la nueva redacción, "el comité (para temas políticos) o cualquiera de sus miembros o personal de apoyo, en su representación, podrá realizar las investigaciones in situ que juzgue necesanas y convenientes, para lo cual los Gobiernos de las partes contratantes se comprometen a conceder en forma inmediata e irrestricta todas las facilidades del caso".Honduras y El Salvador, en cuyos territorios existen bases y asesores militares de Estados Unidos, fueron los países que mayor número de enmiendas presentaron al acta de paz elabo rada por el Grupo de Contadora (Colombia, México, Panamá y Venezuela). Las enmiendas, compartidas públicamente por el Gobierno norteamericano, fueron analizadas por primera vez por los cuatro cancilleres de Contadora el pasado día 17 en Madrid, donde se decidió incor porar aquellas objeciones destinadas a mejorar el texto.

Nicaragua, que ha sido el único país centroamericano que ha aceptado el acta de Contadora en su integridad, ha advertido que no firmará el documento de paz si en él se establecen sistemas de verificación que supongan una agresión para su sobera nía nacional. El Gobierno de Managua ha reiterado, además, la necesidad de que el texto final sea firmado por Estados Unidos. El ánimo de los tres Gobiernos centroamericanos autores de la nueva versión del acta, según una fuente diplomática hondureña, es "hacerla más fácil de aceptar y hacer más seguro su cumplimiento". "El documento propuesto incluye sistemas de verificación que reforzarán el acta", añade la misma fuente.

El nuevo borrador incluye también reformas importantes en el apartado de la seguridad. El acta de Contadora obliga a "eliminar las bases o escuelas militares extranjeras existentes en sus respectivos territorios en el plazo de seis meses a partir de la firma de la presente acta". La versión propuesta por los centroamericanos se refiere a "eliminar las bases o escuelas militares extranjeras de acuerdo al calendario acordado entre las partes", y añade que ese calendario "deberá ser acordado dentro de los 90 días siguientes a la firma del acta".

El documento preparado por los cuatro países de Contadora obliga a "entregar a la comisión de verificación y control una relación de los asesores militares extranjeros en un plazo no mayor de 30 días a partir de la firma de la presente acta", y a "establecer un calendario de retirada gradual con miras a la eliminación de los asesores militares extranjeros, que incluya la retirada inmediata de aquellos asesores que desempeñen funcion,es en las áreas operativas y de adiestramiento". El texto de los; centroamericanos repite el pla:iio de 30 días para presentar la relación, pero añade que "las partes acuerdan la reducción, con miras a la eliminación, de acuerdo con el calendario que se convenga". Esta última versión no exige la retirada inmediata, aunque sí mejora el texto original en la fijación de un plazo de 90 días para establecer el calendario de retirada de los asesores.

Maniobras militares

La propuesta de Costa Rica, El Salvador y Honduras -país en el que se celebran frecuentemente maniobras con Estados Unidos- elimina la prohibición de ejercicios militares extranjeros que establece el acta de Contadora. La redacción original cita "proscribir la realización de maniobras militares internacionales en sus respectivos territorios".En la versión centroamericana, las maniobras "internacionales o combinadas" se regulan en el mismo apartado que las "nacionales o conjuntas", para las que se exige una notificación con 30 días de antelación a los países limítrofes y a la comisión de verificación.

En el apartado de compromisos en materia de armamento, se incorporan modificaciones importantes en la línea de evitar, como se establece, "que ningún país tenga la capacidad militar de establecer su hegemonía". Éste ha sido uno de los temas más dificiles de la negociación de Contadora. Honduras ha insistido siempre en el peligro que suponía el rearme de Nicaragua, que, por su parte, ha defendido el derecho a adquirir material militar para hacer frente a lo que considera una amenaza de invasión por Estados Unidos.

En la redacción del acta de Contadora se establece la obligación de "suspender toda adquisición de equipo bélico una vez entregado su respectivo inventario".

Por el contrario, el texto preparado en la reunión de Tegucigalpa dice que "las partes se obligan a suspender toda adquisición de equipo bélico, mientras se establecen los límites máximos de desarrollo militar". Sólo en una segunda etapa se exije entregar los respectivos inventarios de armamentos".

Para garantizar este punto, los Gobiernos centroamericanos proponen la creación de un grupo especial de desarme integrado "por representantes de los cinco Estados centroamericanos y "por representantes de cuatro Estados que no hayan participado en el proceso de negociaciones del Grupo de Contadora".

Contadora sugiere que la comisión de verificación de temas de seguridad quede integrada por "cuatro comisionados, representantes de Estados de reconocida imparcialidad, un secretario ejecutivo latinoamericano y un representante del secretario general de la ONU y otro del secretario general de la OEA (Organización de Estados Americanos)".

Por su parte, Honduras, El Salvador y Costa Rica quieren que esta comisión esté compuesta por "representantes de los cinco Estados centroamericanos" y "un cuerpo internacional de inspectores".