El sumario por el fraude de 3.200 millones a la Seguridad Social, bloqueado en el juzgado

El sumario del fraude a la Seguridad Social se encuentra en situación de práctico estancamiento después de 20 meses de tramitación. Cinco jueces se han sucedido, en ese plazo de tiempo, en el Juzgado de Instrucción número 2, que investiga los hechos. La defraudación, descubierta en Barcelona en octubre de 1982, se evalúa en unos 3.200 millones de pesetas, aunque no se conocen sus auténticas dimensiones, presumiblemente mucho mayores.

Fuentes solventes informaron a este diario que ni la Administración central ni la judicatura han dotado a los investigadores de los medios materiales suficientes para llevar la instrucción adelante. Actas fraudulentas descubiertas por inspectores de Trabajo de Barcelona con posterioridad al inicio del sumario no han sido remitidas al fiscal, por criterio del Ministerio de Trabajo.El gigantesco volumen del sumario ha convertido a éste, sin duda, en uno de los más temidos para la judicatura y los mismos oficiales instructores. Ese volumen explica parcialmente: su colapso y los escasos resultados obtenidos. El expediente se compone de 62.000 folios, divididos en más de 90 tomos. Sólo la parte general, en la que se explica la mecánica del fraude, las investigaciones de la Guardia Civil y de la Inspección de Trabajo Central, se compone de nueve libros independientes.

En medios judiciales de Barcelona se recuerda un solo precedente en cuanto a las dimensiones del sumario del fraude a la Seguridad Social: 500 personas fueron procesadas en 1971 cuando un juez ordenó el cierre de todos los meublés de Barcelona. Ningún otro precedente próximo o lejano puede añadirse a un procedimiento que en la actualidad implica a 125 empresas presuntamente defraudadoras, además de funcionarios e intermediarios, todos ellos acusados de falsedades múltiples, estafa y cohecho.

Pero el problema no es sólo de gran volumen. Según fuentes de la abogacía, el precario funcionamiento judicial ha presidido los 20 primeros meses de investigación, por lo que las diligencias pueden prolongarse durante varios años más o incluso diluirse en una complicadísima trama de recursos y otras fórmulas procesales dilatorias. Son cinco los jueces que han intervenido hasta ahora en la instrucción, desde que Francisco Javier Béjar -hoy magistrado de Trabajo- ordenó, como titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona, los primeros procesamientos y encarcelamientos, en marzo de 1983, que afectaron a varias decenas de empresarios y asesores laborales. Entre ellos se encontraban representantes de primeras firmas nacionales textiles y metalúrgicas.