Afectados por Renta Catalana piden que dos diputados de CiU paguen las indemnizaciones

El abogado Fernando Cabestany, que defiende los intereses de los inversionistas afectados por el caso Renta Catalana, ha solicitado al tribunal que condene a los diputados Josep Maria Trias de Bes y Joaquim Molins a hacerse cargo de las indemnizaciones que pudieran corresponder a los perjudicados y que se evalúan en 1.000 millones de pesetas. La petición fue formulada al finalizar el juicio contra los cuatro miembros del consejo de administración de la sociedad de inversión inmobiliaria -Ignasi y Antoni Maria Baquer Miró, Eduard Guilién Ulloa y Félix Maria Millet-, para quienes se reclamó una pena total de 49 años de prisión por los delitos de apropiación indebida y falsedad en documento privado.

Los diputados de Convergència Democrática Joaquim Molins y Josep María Trias de Bes comparecieron en la sala para declarar después de que se les requiriera policialmente, dada su incomparecencia en la sesión anterior. Los dos formaron parte del consejo de administración de la sociedad inmobiliaria hasta los años 1977 y 1978, cuando se dedicaron a la política.Los dos diputados negaron que habían abandonado la entidad por disconformidad con su actuación. Afirmaron desconocer en profundidad las operaciones económicas realizadas en el seno de la firma. Trias de Bes dijo que ignoraba si se había efectuado un trasvase de capital de Renta Catalana en favor de Banca Catalana, cubriendo unos créditos y en detrimento de los perjudicados.

Los abogados- querellantes preguntaron insistentemente a los acusados sobre las presuntas vinculaciones de las diferentes sociedades con Banca Catalana en un intento de localizar el patrimonio de la firma inversora y recuperarlo en favor de los perjudicados.

Ignasi Baquer Miró fue el único de los procesados que se enfrentó a la pregunta. Reconoció que se habían vendido a Banca Catalana diversos pisos, a través de una empresa puente, para saldar así un crédito de 260 millones de pesetas que devengaba unos intereses de 50 millones anuales. Intentó también justificar al tribunal la no aparición de los libros de contabilidad de la sociedad y las ventas de unos pisos en favor de su esposa y de sus suegros, en pleno desmantelamiento de la entidad.

Por último, Ignasi Baquer Miró relató a la sala el procedimiento que se había seguido en el seno de la entidad para fusionar las 17 sociedades y modificar su estructura jurídica, convirtiendo las sociedades comanditarias en sociedades anónimas para eludir el pago de los intereses a los inversionistas.

El acusado aseguró que la modificación de los estatutos se había efectuado en una junta universal en la que estaban presentes todos los inversionistas a través del voto otorgado al presidente de la entidad y que estaba recogido en la letra pequeña de los contratos. El abogado querellante Fernando Cabestany aludió también a la letra pequeña de los contratos, en virtud de la cual se legalizó la operación, asegurando que significaba "la denegación permanente" de los derechos de los inversionistas.