El fin de la ambigüedad

HUBIERA SIDO imposible referirse al debate sobre el estado de la nación ayer iniciado sin un preámbulo sobre el triunfalismo injustificado del presidente del Gobierno, si Manuel Fraga no se hubiera apresurado, como lo hizo, a ejercitar el energumenismo político de manera tan barata que parecía estar a sueldo del propio PSOE. La brutalidad histriónica del llamado líder de la oposición hizo olvidar a la audiencia la autocomplacencia acrítica del jefe del Gobierno, que aprovechó sus turnos de contrarréplica para hacer tambalear la figura del un día temido ministro de Información.Sin embargo, la novedad de las palabras de Felipe González sobre la Alianza Atlántica merecen aplazar la polémica en torno a otros temas. A Manuel Fraga le faltaron dramáticamente los reflejos y la sensibilidad políticos necesarios para darse cuenta, en el momento de responder al presidente del Gobierno, de que su estudiada requisitoria (esmaltada con chistes malos y excursiones demagógicas) hubiera debido ser dejada para una ocasión más propicia y ser sustituida, en sus líneas centrales, por la contestación a la propuesta específica de consenso sobre política exterior y de defensa formulada por el presidente del Gobierno. No lo hizo, sin duda porque le pilló desprevenido, y demostró así, una vez más, que la mejor ventaja electoral de los socialistas constituye la endeblez de la alternativa que Fraga encarna, su ausencia de criterios renovadores sobre los temas esenciales del Estado y la desorientación general en que navega la derecha.

Tras una prolongada etapa de ambigüedad controlada sobre la permanencia o la salida de España de la Alianza Atlántica, Felipe González ha abandonado los equívocos para exponer la postura del Ejecutivo al respecto. Ratificó, por una parte, su propósito de dar cumplimiento al compromiso electoral de "convocar un referéndum para que sea el pueblo español el que decida acerca de nuestra pertenencia a la OTAN". A la vista de la decisión favorable a la permanencia en la Alianza Atlántica adoptada por el Gobierno -por primera vez expuesta con esta claridad-, la celebración del referéndum, por comiultivo que sea, cuando las encuestas siguen señalando que la sociedad española rechaza la integración en la OTAN, no puede sino crear graves quebraderos de cabeza a los hombres en el poder. Pero los costes políticos que ello implique para el Gobierno palidecerían frente a los que tendría que pagar si la consulta no se realizara.

El presidente González ha expresado,a la vez, el propósito del Gobierno de no denunciar el tratado de adhesión de España a la OTAN, de aconsejar la permanencia en ell seno de la Alianza Atlántica, aunque sin integrarse en el mando militar conjunto, y de mantener la relación bilateral con Estados Unidos, aunque abriendo la posibilidad de revisar su contenido para reducir la presencia de tropas extranjeras en nuestro suelo. Las alusiones a la situación actual, en ese contexto, no pueden pasar inadvertidas. La salida de España de la Alianza Atlántica, a la que pertenece de pleno derecho, podría encerrar los mismos peligros potenciales para la situación internacional que tuvo la entrada. Ambos escenarios implican, en última instancia, la modificación de unas relaciones de fuerza ya establecidas en el tablero mundial. Frente a la decisión arbitraria y prepotente del Gobierno CaIvo Sotelo de decidir la integración sin consulta con el pueblo español y por una precaria mayoría parlamentaria, la propuesta de ahora apunta a que las grandes fuerzas políticas, primero, y la soberanía popular representada en el Parlamento, después, negocien la fórmula de consenso precisa para que los ciudadanos reciban de los partidos una orientación sobre qué responder a la pregunta del referéndum. Hay que reconocer, cuando menos, la habilidad política de Felipe González a la hora de plantear esta propuesta, que deja en desairada situación a la oposición conservadora -ayer teñida de reaccionaria- y busca un acuerdo satisfactorio en temas de interés general, como los de seguridad y defensa. Pere es preciso apuntar la decepción indudable -si no se había producido antes- que el anuncio de la decisión del Gobierno de permanecer en la Alianza habrá provocado entre muchos electores socialistas.

El calendario sugerido prevé que los partidos dediquen las próximas semanas a las negociaciones precisas para rubricar, si procede, un acuerdo global antes de finales de 1984, que sería hecho luego suyo por las Cortes. Los 12 meses de 1985 serían destinados a suministrar a los ciudadanos la información que les permita decidir el sentido de su voto. Hasta ahora, los ciudadanos españoles se habían visto sometidos al fuego cruzado de mensajes contradictorios, no habían sido invitados a participar en un debate nacional sobre la seguridad y la defensa de su país, no habían recibido la información de la que son acreedores, habían escuchado los ruidos sordos de las peleas incomprensibles que se desarrollaban dentro de los recintos del poder, no estaban del todo seguros de ser convocados a referéndum, desconocían la fecha de su eventual convocatoria, ignoraban la pregunta que les sería sometida eventualmente en la consulta, sólo podían adivinar los propósitos últimos del presidente del Gobierno y eran mantenidos al margen de la elaboración de una reflexión común sobre esos problemas. La propuesta de Felipe González en el debate sobre el estado de la nación termina con esa confusión. El referéndum permitirá a los españoles participar en una decisión de tanta importancia para la soberanía nacional como es la definición de su política de alianzas y de defensa.