La Generalitat aprueba la destitución del presidente de la Caixa de Catalunya y nombra un delegado

El Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña dictó ayer dos resoluciones sobre la crisis de los órganos rectores de la Caixa de Catalunya, una de las cuales supone "archivar las actuaciones" sobre la impugnada destitución del presidente Josep Lluís Sureda, lo que equivale a dar por bueno dicho cese. Otra resolución establecía que continuase "la información reservada abierta por el Banco de España" sobre la actuación del director general, Joan Bilbao, al tiempo que aprobaba la convocatoria de asamblea general que se inició poco después, advirtiendo a sus componentes para que no adoptaran decisiones que no les incumbiesen. En una tercera nota, la Generalitat informaba que la reunión de la Comisión de Control en que se propusieron los ceses de otros consejeros del bloque progresista "no puede considerarse correctamente practicada". A las 11 de la noche dictó otra resolución designando un delegado hasta que se nombre nuevo presidente. Poco antes, la asamblea general aceptó aplazar la reforma de Estatutos que perjudicaba a la diputación.

Las resoluciones de la Generalitat apoyan plenamente las tesis del bloque conservador -el encabezado por el director general, Joan Bilbao-, tanto sobre la destitución del presidente de la entidad, Josep Lluís Sureda, como sobre la validez de la asamblea general extraordinaria. Simultáneamente, incluyen concesiones sólo parciales, aunque significativas, a la Diputación de Barcelona y al bloque progresista de la caja. Aunque la Generalitat no incoa expediente disciplinario al director general, se ordena la continuación del expediente informativo que le ha abierto el Banco de España. Asimismo, considera incorrecta la reunión de la Comisión de Control en la que se acordó proponer la destitución de su presidente, el socialista Francesc Adam, y del vicepresidente de la entidad, Santiago Marimón. En lo referente a la celebración de la asamblea, la Generalitat la autorizó, aunque advirtió expresamente de que ello no iba en "perjuicio de las facultades de aprobación" que ejercería el Departamento de Economía sobre "los acuerdos de modificación de los Estatutos que adopte dicha asamblea".

Reforma estatutaria aplazada

Esta advertencia, y una sugerencia de aplazar la reforma estatutaria hecha por el conseller, Josep Maria Cullell, en una conversación mantenida por la tarde con el director general, motivaron que la asamblea aprobara el aplazamiento de la reforma hasta la próxima asamblea extraordinaria, fijada para el día 9 de noviembre. Este plazo parece destinado a propiciar una negociación con la diputación, a la que se somete nuevamente, sin embargo, a la presión de una reforma estatutaria a plazo fijo.

La aprobación de este aplazamiento contó en la asamblea con 33 votos en contra -un tercio de la concurrencia-, partidarios de una línea "más dura", consistente en hacer caso omiso a la Generalitat y desposeer sin más trámite a la diputación del derecho a ostentar la presidencia, que mantiene desde que fundó la caja en 1926. Conocida la votación por la Generalitat, ésta designó al ahogado del Estado Alejandro García Bragado como delegado en el consejo, con facultad de suspender sus acuerdos. Ello ocurría minutos antes de las 11 de la noche. La asamblea había empezado a las siete de la tarde. Muy poco antes, a las cuatro de la tarde, se habían recibido en la caja y en la diputación las resoluciones de la Generalitat, que daban respuesta a las peticiones de la diputación de que se repusiera a Sureda en la presidencia, se suspendiera en sus funciones a Bilbao y se suspendiera la celebración de la reunión de ayer.

La asamblea duró más de cuatro horas. Fue presidida por Valentín Garrigasait, vicepresidente segundo y antiguo político centrista de Solsona, acompañado del director y del secretario de actas, el abogado Ramon María Llevadot, quien sigue compartiendo este empleo con el cargo oficial de director del Gabinete Jurídico Central de la Generalitat y con un despacho particular. En una mesa de honor figuraban los letrados autores de varios dictámenes jurídicos que apoyan las tesis del llamado bloque conservador. Asistieron 112 de los 140 consejeros. De los 28 representantes de la diputación sólo acudieron tres. Durante casi una hora se leyó el informe del consejo de administración -que fue aprobado por 105 votos-, abriéndose un turno de duras críticas a la diputación, a Josep Lluís Sureda y al vicepresidente primero, Santiago Marimón. Tras una pública feficitación a Joan Bilbao, y la rendición de cuentas del consejo, se abordó el asunto del cambio de estatutos. El acuerdo alcanzado especificaba que el aplazamiento se debe a que "la asamblea confía en el honorable conseller de Economía y Finanzas y que, única y exclusivamente por este motivo atiende la solicitud respetuosa hecha" por él y no aprobaba inmediatamente el cambio estatutario.

Antes de acabar el acto se leyó una carta de Santiago Marimón y un texto del presidente de la diputación en el que manifestaba que la celebración de la asamblea era irregular. Esta lectura desagradó a buena parte de los asistentes.

Falta de competencias

Por otra parte, algunos detalles de las resoluciones de la Generalitat ofrecen interés desde el punto del examen jurídico. La decisión del director general de Política Financiera de la Generalitat, Josep Morist, dando en la práctica por buena la destitución de Josep Lluís Sureda en la presidencia, archiva el expediente abierto tras esta decisión, que fue adoptada por 11 de los 20 consejeros de la caja el pasado 18 de septiembre. En la resolución se deniegan las peticiones de Sureda, de otros consejeros y del propio Dalmau, de reponer al primero en la presidencia. La resolución se justifica en que el consejo era competente para cesar a su presidente, que no era imprescindible incluir el tema en el orden del día para que luego fuera válido el cese, y que, por tanto, no se han "atacado en el presente caso principios básicos de la regulación legal que pudieran fundamentar una actuación de tutela", por lo que "el Protectorado no tiene jurisdicción ni competencias para pronunciarse sobre la validez o la oportunidad del cese".