Graves dificultades para llegar a una solución pactada en la Caixa de Catalunya

La posibilidad de una solución negociada en la polémica de los órganos rectores de la Caixa de Catalunya, se reveló ayer más difícil dada la distancia que separa a las partes y a la defensa cerrada que hacen de cada una de las personas más significadas en el conflicto -el director general, Joan Bilbao, y el presidente, Josep Lluís Sureda-, según fuentes que han seguido de cerca las diversas tentativas de diálogo. Esta distancia deja sólo un muy estrecho margen a la posibilidad de una decisión arbitral de la Generalitat que satisfaga suficientemente a los dos bloques.Para esta mañana se espera la respuesta del conseller de Economía y Finanzas de la Generalitat, Josep Maria Cullell, a la triple petición del presidente de la Diputación de Barcelona. Antoni Dalmau solicitó la semana pasada la inmediata reposición de Sureda en la presidencia; la apertura de un expediente a Bilbao, y la suspensión de la asamblea general extraordinaria convocada para esta tarde con el fin, entre otros, de modificar los estatutos de forma que la presidencia de la caja no deba recaer en un vocal representante de la diputación barcelonesa, lo que está fijado como contrapartida a su papel de fiadora.

Anoche, todo indicaba que la respuesta de la Generalitat sería muy poco concreta sobre esos tres puntos, aunque la institución autonómica no renunciaba a intentar abrir una vía de solución al litigio. Según fuentes solventes, el conseller Cullell indicará que la cuestión de la presidencia debe dirimirse tras el examen de las alegaciones y razonamientos jurídicos de las dos partes, lo que comportará cierto plazo de tiempo. Con ello se intenta conseguir, según dichas fuentes, una eventual renuncia "con dignidad" de Sureda. Paralelamente, la Administración autonómica proseguiría con el expediente reservado informativo abierto a Joan Bilbao por el Banco de España.

De confirmarse esta línea de actuación, Cullell no suspenderá la asamblea convocada para hoy, pero manifestará sus reservas sobre la procedencia de que en ella se discuta el punto referente a la reforma de los estatutos en detrimento de las facultades de la diputación. En cualquier caso, a él le compete examinar luego los acuerdos y apreciar su legalidad. La decisión administrativa sobre este punto puede ser fundamental de cara a la suavización del litigio.