Por un museo más eficaz y transparente

Por la importancia inigualable de sus fondos y la correspondiente complejidad que acarrea una adecuada tutela de los mismos, el Museo del Prado debió estar dotado de autonomía administrativa desde hace mucho tiempo. Ha sido ésta una de las múltiples carencias que ha padecido nuestra primera pinacoteca a lo largo de toda su historia, una historia de patética supervivencia frente a la indiferencia, la incomprensión, el error o la simple instrumentación demagógica de los políticos de turno. Las huellas de este pertinaz e insensato desvarío son desgraciadamente tan visibles e irreparables que no merece la pena hacer el recuento.Pero lo peor de todo es, sin duda, el daño moral: el profundo descrédito social que se ha creado en torno a todo lo que se refiere a esta venerable institución. ¿Cómo no va a producirse recelo, si, por poner un ejemplo reciente, al poco de declararse con rimbombante estereofonía la gratuidad de acceso a los museos estatales nos enteramos de que el Prado mismo no puede abrir todas sus salas simultáneamente al público o que ha sido objeto de dos agresiones impunes?

Con todo, lo peor -insisto- es la inseguridad moral, surgida de la imposibilidad de hallar responsables, siempre encubiertos por la densa niebla de un escalafón que, cual escala de Jacob, se perdía en el cielo ministerial. Entre otras ventajas, como la evidente de una mayor agilidad gestora, la autonomía del Prado significa para mí la conquista de la transparencia: poder aislar con claridad las necesidades, los medios y los fines, y, en función de todo ello, poder valorar con igual nitidez la parte alícuota de responsabilidad que corresponde a los políticos como tales, a los directivos como técnicos y a los patronos como asesores.

Como advertí en su momento, y luego desgraciadamente ha venido siendo corroborado por los hechos, el Museo del Prado no puede ya ser la plataforma de empresas políticas publicitarias, entre otras cosas porque, dadas las circunstancias, el eslogan empleado se volverá indefectiblemente contra el que lo ingenió. En este sentido, la autonomía, como la gratuidad de acceso, son iniciativas que o confirman su bondad por el tratamiento que reciben o se convertirán en nuevas e inútiles piedras de escándalo.

Una autonomía sin sinecura

En teoría, un Prado autónomo podrá, por de pronto, diseñar su propia política artística y administrativa; podrá gastar directamente sus propios ingresos y gestionar con independencia otras fuentes de financiación subsidiarias; podrá, en fin, llevar a cabo la planificación global de un programa sin temor a imprevisibles interferencias. No creo que sea, por lo demás, ninguna sinecura, pues todas y cada una de estas nuevas posibilidades encierran otras tantas no eludibles responsabilidades, que ahora sí podrán ser analizadas a la luz del día. Ahora bien, a pesar de todo, el Prado es y será económicamente deficitario, lo que obliga a precisar qué recursos extraordinarios le van a ser asignados y qué -instrumentos jurídico-administrativos va a poseer para solventar sus problemas específicos.

Por primera vez en su historia, el cargo de director de la institución va a significar el ejercicio directo de un poder real, que no se limita a cuestiones de cempetencia museológica o historiográfica, atribuibles a los conservadores especialistas, sino a un sinfín de otros muchos menesteres. El director deberá, pues, elaborar y exponer públicamente un programa completo, y han de señalarse los cauces y las instancias ante las que tendrá periódicamente que responder de él. Una de ellas me imagino que será el patronato, que en lo sucesivo deberá ser totalmente independiente tanto del ministerio como de la propia dirección.