La jurisdicción militar y el juez de Jaca se disputan el caso del 'fusilamiento' de Abena

La jurisdicción militar y la juez de Jaca (Huesca), María Elía Mata Albert, tramitan dos causas paralelas por los sucesos registrados el pasado 6 de junio en Abena (Huesca), donde miembros de las Compañías de Operaciones Especiales (COE) realizaron un simulacro de fusilamiento de vecinos de la localidad, entre los que figuraba el alcalde pedáneo, José Galindo.

A raíz de estos sucesos, las autoridades militares de la V Región Militar (Zaragoza), que incluye la provincia de Huesca, ordenaron la apertura de un expediente judicial interno, a la vez que iniciaron un procedimiento judicial por el presunto delito de desobediencia. La juez de Jaca, sin embargo, también instruyó por su parte un procedimiento judicial por el presunto delito de desacato a la autoridad del alcalde de Abena.

Pedida la inhibición

Ambas causas se han tramitado a lo largo de estos meses pasados, si bien el Ministerio de Defensa, una vez enterado de las actuaciones de la juez de Jaca, le dirigió hace unos dos meses un escrito en el que pedía que se inhibiera en el caso. Las fuentes consultadas desconocían si la respuesta de la juez será positiva o negativa. Mientras no se resuelva la dualidad o conflicto de competencias entre ambas instancias, no podrá resolverse judicialmente el suceso de Abena, en el que participaron el capitán Carlos Alemán y el teniente Jaime Íñiguez, ambos destinados en la COE 62.

Los dos fueron arrestados y cambiados de destino pocas semanas después de producirse el incidente.

Sala de Competencias

En caso de que el conflicto de competencias no se resuelva entre ambas jurisdicciones, el problema tendrá que dilucidarlo la Sala de Competencias del Tribunal Supremo. Después de ocurrido el suceso, y al través de varios medios de comunicación, el propio alcalde de Abena declaró que el incidente, registrado durante unas maniobras de las COE por el Pirineo aragonés, había sido una "broma pesada", y expresó sus deseos de que el problema no trascendiera a los ámbitos judiciales.

"Todos los años vienen por el pueblo de guerrillas y de maniobras, pero este año se pasaron un poco", declaró el alcalde a este periódico.

En principio, el alcalde no denunció los hechos, pero, tras la visita de unos familiares, comunicó lo ocurrido a la Guardia Civil, ésta al gobernador civil de la provincia, y éste, a su vez, a las autoridades militares. El Ministerio de Defensa tardó ocho días en enterarse de lo ocurrido.

El fusilamiento del alcalde y de varios vecinos se realizó bajo la acusación de colaborar con la guerrilla rebelde, y después de que se leyera una especie de bando en la plaza del pueblo. Cuando algunos vecinos convocados por los militares a la plaza escucharon los habituales gritos de preparados, apunten y fuego, no pudieron reprimir gritos de espanto, a la vez que algunas mujeres derramaban lágrimas. Sólo después de comprobar que los disparos se habían efectuado con balas de fogueo se tuvo la seguridad de que se trataba de un simulacro. "No había tenido una sensación igual desde la guerra civil", manifestó un testigo del fusilamiento.

Máximo rigor

Todos los grupos políticos condenaron con dureza los hechos, mientras el ministro de Defensa, Narcís Serra, prometió el máximo rigor contra los responsables. El propio Departamento de Defensa reconoció que el suceso había tirado por tierra la labor de años para mejorar la imagen de las Fuerzas Armadas ante la sociedad.