La policía

EL TERRORISMO, con su dramático saldo de asesinatos y extorsiones, ha ocultado la realidad de los problemas normales de seguridad que aquejan a la sociedad española. La inquietante actualidad de lo que se viene en llamar seguridad ciudadana plantea problemas no poco importantes en nuestra convivencia. Los atracos callejeros, desvalijamientos de pisos y otros tipos de asaltos que han padecido algunos ciudadanos, crean una lógica irritación en el contribuyente y son caldo de cultivo propicio para el desencanto y la desconfianza en la eficacia de las administraciones públicas. En menos de 24 horas, durante la semana pasada, agentes de la seguridad del Estado han matado a tres presuntos delincuentes y herido a otros tres. Estos hechos, junto al asesinato en plena vía pública madrileña del médico Juan Carlos Malo, ponen de nuevo de actualidad el tratamiento que el Gobierno socialista está dando a los temas relacionados con el orden público y la seguridad ciudadana.Para la derecha cerril y reaccionaria estos sucesos se utilizan para manipular descaradamente los sentimientos más íntimos de los ciudadanos y sirven para crear en la opinión pública la impresión de que un Gobierno de izquierdas es incapaz de mantener el orden público. Para ello, sin el más mínimo recato, aconsejan las fórmulas más primitivas de mantenimiento de la seguridad. ciudadana, instaladas en la frontera de la ley de fugas y las fórmulas del juez Linch.

Nadie, sensatamente, puede desvincular el nivel de delincuencia común que se registra en nuestras ciudades con las circunstancias sociales y económicas que atraviesa la sociedad española. Los altos índices de paro juvenil, las dificultades para acceder al primer empleo y la malla que el tráfico organizado de drogas duras está tejiendo en estas capas sociales son datos a tener en cuenta para llegar a contar con una explicación racional del fenómeno. Pero estas explicaciones sociales no pueden enmascarar sin embargo la asignatura pendiente de la modernización y democratización del aparato de la seguridad del Estado.

La Jefatura Superior de Policía de Madrid, por ejemplo, con motivo del asesinato del doctor Juan Carlos Malo, ha escrito recientemente una página de oro de lo que constituye una policía ineficaz y burocrática. Los investigadores se enteraron por los periódicos de que existía otro testigo; de que los presuntos sirleros no habían robado la cartera, simplemente el doctor la había dejado en casa; de que, por el contrario, la víctima llevaba encima un sobre con más de 30.000 pesetas, una cadena y una medalla de oro que tampoco se llevaron los atracadores, y de que la víctima mantenía un pleito con una empresa médica sobre la que decía poseer un informe que estaba dispuesto a dar a conocer. Es arriesgado, sin embargo, mantener en estos momentos que este hecho no fuera un vulgar atraco callejero, pero de lo que no cabe duda es que ante una investigación policial tan sofisticada sólo el azar puede llevar a los funcionarios a la detención de los culpables.

Y ésta es precisamente la gran cuestión que cabe plantearse sobre la realidad de nuestra estructura policial. No se trata tanto de una cuestión cargada de matices ideológicos, como la capacidad política que tenga un Gobierno para realizar la modernización de nuestro aparato de seguridad del Estado. El Gobierno parece inclinado a pivotar el orden público sobre las estructuras militares de la Guardia Civil, cuerpo al que, para mayor confusión, el Ministerio de Defensa, en el nuevo despliegue de las Fuerzas Armadas, le confía las misiones de las antiguas brigadas de defensa operativa del territorio. Independientemente del juicio político que merece esta opción, en el terreno práctico constituye una descomunal ignorancia de los instrumentos legítimos y eficaces con que ha de contar una sociedad compleja y plural para solucionar los problemas relacionados con la seguridad ciudadana. Cabe preguntarse entonces si el Gobierno ha decidido renunciar a poner en marcha una policía civil porque se considera incapaz de poner orden y eficacia en el Cuerpo Superior de Policía y el abigarrado conjunto de la Policía Nacional y policías municipales y autonómicas, o simplemente es que entiende que las fórmulas militarizadas son las respuestas adecuadas a este problema.

El partido socialista obtuvo 10 millones de votos con un programa de cambio social y político, En este terreno de la seguridad del Estado sus compromisos brillan por su incumplimiento. Y lo que es peor, los resultados en materia de seguridad ciudadana no son nada optimistas como para que pudieran esgrimirse como justificación de posibles modificaciones del programa electoral. Simplemente, parece que el Ministerio del Interior se ve impotente para instrumentar una política coherente, que logre una policía eficaz. Es decir, una policía que en el marco de un Estado de derecho, donde los funcionarios respeten los derechos y las libertades de los ciudadanos, investiguen los hechos delictivos, aporten pruebas a los tribunales de justicia y detengan como producto de su trabajo profesional a quienes hubieran cometido algún delito.