Las objeciones de Estados Unidos amenazan con bloquear las gestiones para la firma del acta de paz de Contadora
La Administración Reagan desarrolla una intensa actividad diplomática para bloquear el acta de paz de Contadora, que a su juicio tiene serias deficiencias en los mecanismos de verificación y en el calendario de desarme. Las declaraciones del portavoz del Departamento de Estado, Alan Romberg, y del subsecretario de Defensa para Asuntos Interamericanos, Néstor Sánchez, coinciden con las formuladas en este mismo sentido por los cancilleres de Honduras y El Salvador. El Gobierno nicaragüense se ha convertido ahora en el principal abanderado de Contadora por medio del comandante Daniel Ortega, que ha reiterado en Nueva York, ante la Asamblea General de la ONU, la urgencia de firmar el documento.
Los cuatro cancilleres del Grupo de Contadora (Colombia, México, Panamá y Venezuela). tratan de contrarrestar las presiones de Washington mediante la presentación, esta misma semana, de un informe acerca de la situación centroamericana ante el Consejo de Seguridad de la ONU. La reciente conferencia de San José de ministros de Asuntos Exteriores de España, Portugal, la Comunidad Económica Europea Centroamérica y Contadora ha dado un nuevo aliento a estas negociaciones, que corren un serio peligro de estancamiento debido al obstruccionismo norteamericano. Hace tres semanas, EE UU y sus dos peones centroamericanos Honduras y El Salvador, acogieron con alborozo el acta de Contadora porque estaban convencidos de que Managua no podría suscribirla. La decisión nicaragüense de acatar el documento en todos sus términos ha inducido a Washington a revisar su actitud bajo un argumento bien simple: si es bueno para los sandinistas, no puede ser lo para EE UU.
El subsecretario del Pentágono, Néstor Sánchez, afirmó que su Gobierno no está dispuesto para firmar el documento porque sus lagunas en materia de verificación y seguridad, que por otra parte se negó a concretar, lo inhabilitan para conseguir una paz duradera.
Alan Romberg aseguró el pasa do lunes que el proceso de negociación no ha terminado, ya que todo tratado debe instrumentar equipos de inspección con autoridad y medios para cumplir su tarea. Esto no está recogido en el acta, dice el portavoz norteamericano, que ha censurado también e calendario de desarme.
Siguiendo el camino trazado por Washington, el canciller salvadoreño, Jorge Eduardo Tenorio, advirtió el lunes que su país no puede firmar los acuerdos mientras no se eliminen algunas cuestiones de seguridad que se opone a sus intereses nacionales. El ministro hondureño de Relaciones Exteriores, Edgardo Paz, insiste, en la necesidad de corregir las etapas del desarme, que obligarían a su Gobierno a interrumpir de inmediato las maniobras conjuntas con EE UU, a prescindir de los 1.600 soldados estacionados de forma permanente en su territorio y a desmantelar la base de facto de Palmerola y el centro de entrenamiento de Puerto Castilla.
Los nicaragüenses han reiterado, por medio del comandante Bayardo Arce, que representa a su país en la reunión de la Internacional Socialista en Río de Janeiro, que están dispuestos a prescindir de los asesores cubanos, que cifró en unos 500, en cuanto se firme el acta de Contadora y s us vecinos cumplan su parte en lo que toca a los norteamericanos.
El cumplimiento de los tratados obligaría posiblemente a los sandinistas a postergar las elecciones del 4 de noviembre para permitir la participación de la Coordinadora Democrática, que encabeza Arturo Cruz. Sólo así respetarían el compromiso de permitir el acceso de todas las fuerzas a los comicios. Incluso un comandante como Arce, al que se califica de duro, no ha excluido esta posibilidad.
Los sandinistas parecen haber entendido que el acta de Contadora constituye una garantía de seguridad equiparable a un acuerdo bilateral de no agresión con Estados Unidos, ya que el Pentágono no podría utilizar a su antojo el territorio de Honduras y porque le sería dificil justificar una intervención directa.
Este análisis está en la raíz del apoyo sandinista a los acuerdos y de las objeciones que Estados Unidos presenta en esta última etapa de la negociación. El acta viene a consagrar en última instancia una retirada militar estadounidense de Centroamérica, y esto es algo que la actual Administración no está dispuesta a considerar.
