La firma del pacto social, pendiente de la decisión politica de la patronal

Las negociaciones para el acuerdo económico y social (AES) prose guirán en la mañana de hoy, tras la fórmula de compromiso consensuada entre el propio Gobierno, la Confederación Española de Orga nizaciones Empresariales (CEOE) y el sindicato UGT. Los dos pun tos más conflictivos y que habían provocado la práctica ruptura de las conversaciones -la flexibilidad del mercado de trabajo y las cotizaciones a la Seguridad So cial- serán discutidas de forma específica, al margen de los demás temas del futuro pacto social. En la semana que hoy comienza puede redactarse un texto definitivo para su aprobación por los distintos negociadores.La CEOE tiene convocadas dos reuniones, una de su comité ejecutivo y otra de la junta directiva, para discutir en su seno la decisión definitiva sobre la firma o no del AES. Todas las fuentes consultadas indican la tensión existente en la cúpula de la patronal sobre el tema, entre los que entienden que el pacto social ha de firmarse -una vez conseguida una cierta diferenciación entre su contenido y el de los Presupuestos elaborados por un Gobierno socialista- y los partidarios de una separación radical de la política económica dirigida por Miguel Boyer.

El mercado de trabajo y las cotizaciones a la Seguridad Social han sido los dos puntos del acuerdo que, en la noche del viernes, pusieron en peligro la viabilidad del pacto, cuando el resto del contenido se encontraba prácticamente elaborado. En algunos puntos, relacionados con los Presupuestos Generales del Estado, existía incluso una redacción sobre la que sólo cabía realizar pequeñas matizaciones. Lo que los propios negociadores han definido como "poner las comas en su sitio".

El acuerdo que consiguió desbloquear la situación creada a raíz del emplazamiento dado por el ministro de Trabajo para que la CEOE se pronunciara afirmativamente sobre el pacto se basa en el compromiso del Gobierno de negociar en forma diferenciada, y únicamente con los empresarios, sin la presencia de UGT, todo lo relativo a cotizaciones sociales.

Hasta el momento, la oferta del Gobierno se concreta en una rebaja de 0,6 puntos en las cotizaciones empresariales, mientras- que la patronal, que empezó con una petición de reducirlas en 1,5 puntos, pideahora que, cuando menos, se baje la cotización en un punto. Para la CEOE los 0,6 puntos son insuficientes, si se tiene en cuenta que verán incrementadas en 0,3 puntos las cotizaciones por desempleo, como aportación al Fonso Especial de Solidaridad.

El ministro de Trabajo argumenta que, si bien puede comprender y, compartir con los empresarios la necesidad de aliviar la presión de las cotizaciones sociales, no cree, sin embargo, que este alivio haya de producirse por la vía de la Seguridad Social, la parte financieramente más débil del sistema.

Despido colectivo

El segundo gran tema de confrontación son todos aquellos puntos que se refieren al mercado de trabajo, y concretamente a los expedientes de regulación de empleo. La legislación española -artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores- establece la necesidad de la autorización administrativa en los expedientes de empleo (despido colectivo) por causas tecnológicas o de fuerza mayor.

La CEOE solicita que se adecúe nuestra legislación a la de la CEE, que no exige este requisito y deja la decisión exclusivamente en inanos del empresario. La patronal basa su argumentación en que solamente en Francia se exige la autorización administrativa.

Las directrices comunitarias en materia laboral, aunque se pronuncian a favor de que la decisión sea del empresario en el despido colectivo por fuerza mayor, advierten, sin embargo, que en aquellos países en que exista una legislación más favorable para el trabajador, sea aplicada ésta. Razón por la que UGT defiende mantener la normativa actual, y razón también por la que CEOE desea que desaparezca antes de nuestro ingreso en la CEE.

La propuesta de Trabajo de crear una comisión mixta que estudie las soluciones, siendo después el Gobierno el que decida si modifica o no la legislación, no satisface a los empresarios, que exigen que se dé -un compromiso formal por - parte del Ejecutivo para enviar un proyecto de ley al Parlamento sobre la regulación de empleo.