El Gobierno da por finalizadas las negociaciones si la CEOE no contesta hoy afirmativamente al pacto social

El Gobierno dará por terminadas definitivamente las negociaciones del acuerdo económico y social (AES) para el resto de la legislatura, si la CEOE no contesta a mediodía de hoy, aceptando la última oferta que el ministro de Trabajo, Joaquín Almunia, puso ayer sobre la mesa. Según el propio Almunia, todos los puntos M pacto vinculados a los Presupuestos Generales estaban acordados, salvo ligeras diferencias. Incluso en el tema salarial existía ya una coincidencia entre CEOE y UGT para fijar la banda salarial para 1985 entre el 5,5% y el 7,5%, con un índice de precios al consumo (IPC) calculado en el 7%, aunque mantienen diferencias respecto a la subida para 1986, año en que la UGT propone el 6% del IPC como guarismo único, frente a la CEOE, que propone una banda entre el 4,5% y el 6,5% con una previsión de inflación del 6%. Las únicas discrepancias de verdadera entidad se registran en la flexibilización del mercado de trabajo y las cotizaciones a la Seguridad Social.

Con cierto tono de dureza, Joaquín Almunia, ministro de Trabajo y Seguridad Social, anunciaba al filo de la madrugada de hoy con un seco "no habrá más negociaciones" a la pregunta de lo que haría el Gobierno si la CEOE contestaba "no" o no contestaba a su última propuesta. La patronal, minutos antes, había afirmado que no había intención de celebrar nuevos encuentros y que se reiteraban en su idea de no vincular el acuerdo a unos Presupuestos Generales que son del Gobierno "y no nuestros". Juan Jiménez Aguilar, secretario general de la CEOE, expresaba su convencimiento de que, posiblemente, se había llegado a un punto en el que se pudiera afirmar que "entre el martes y el miércoles se podría redactar el pacto y suscribirlo inmediatamente después".Mercado de trabajo

Pero Almunia negó también esta posibilidad. No habrá negociaciones el lunes ni nunca, la CEOE no contesta antes del Consejo extraordinario de Ministros. Y concretamente, a mediodía de hoy. Almunia explicó que las únicas discrepancias se habían producido con CEOE y que el Gobierno había presentado hoy una última propuesta en todos aquellos puntos en los que había incidencia presupuestaria. UGT había aceptado. CEOE, no.

En mercado de trabajo, y más específicamente en la reivindicación de la patronal de eliminar la autorización administrativa en los casos de despido colectivo por causas tecnológicas o de fuerza mayor, el Gobierno propuso que se creara una comisión mixta que elaborara un estudio sobre el tema, comprometiéndose el Gobierno a incluir en un proyecto de ley los resultados. Para la CEOE, esta solución es una fórmula de compromiso que no resuelve el fondo del problema.

Almunia decía en esta madrugada que, en el fondo, la CEOE pretendía que el Gobierno firmara en blanco. Que se comprometiera a enviar al Parlamento un proyecto con lo que la patronal solicitaba. No hubo posibilidad de acuerdo.

En el otro gran tema de discordia, la cotización a la Seguridad Social, sin especificar la propuesta, Almunia señaló que había ofrecido rebajar el conjunto de las cotizaciones sociales -"a las que no es injusto calificar de impuesto sobre el empleo", dijo el ministro-, pero no precisamente las de Seguridad Social que es la parte del sistema más deteriorada.

Antes o después

El ministro reconoció que se trataba ya de una decisión política. Juan Jímenez Aguilarafirmó que la dificultad estaba en tener que decidir antes del Consejo de Ministros y reiteró que se trataba de unos presupuestos del Gobierno, "no nuestros".

La actitud de la CEOE coincide con algunas versiones que afirman que en la reunión que el jueves mantuvo la ejecutiva de la organización empresarial, hubo una mayoría partidaria de no firmar el acuerdo en las condiciones actuales y, sobre todo, en que en cualquier caso, no se hiciera antes de la aprobación del presupuesto.

Uno de los temas que mayor tensión había provocado en los últimos días en la mesa de negociación, fue retirado anoche por el Gobierno. El Ministerio de Economía y Hacienda había anunciado a los interlocutores sociales que se limitaría a 100.000 pesetas el total de desgravaciones fiscales a la inversión (vivienda, acciones, etcétera) en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Ante el rechazo patronal, el Gobierno aseguró que mantendría la misma o parecida situación actual.