El Gobierno regula los precios mínimos para algunos productos pesqueros

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Carlos Romero, explicó ayer las líneas básicas del real decreto aprobado el pasado 12 de septiembre en el que se dan los primeros pasos para la adaptación de los mecanismos de precios y mercados en el sector pesquero español a las vigentes en la Comunidad Económica Europea (CEE). Asimismo, anunció que en las próximas semanas se habrá elaborado un decreto sobre la reconversión de la flota de buques de más de 150 toneladas.

El ministro declinó hacer comentarios sobre las posibles repercusiones para España de la aceptación por parte de Portugal de la propuesta pesquera que le ha ofrecido la Comunidad, y que podría poner en peligro los derechos históricos de los pescadores españoles sobre las aguas lusas -"no queremos valorar la posición portuguesa en estos momentos"-. Romero hizo hincapié, en cambio, en la "imagen equivocada que tiene gran parte de la opinión pública europea" de lo que va a representar la irrupción de la flota pesquera española en aguas comunitarias. "Hay que subrayar", destacó, "que la presencia de la flota española en aguas de países terceros es mucho mayor que la que existe en aguas de la CEE".Previamente, el titular del departamento había infoimado de estas medidas, así como de la marcha de las negociaciones hispano-comunitarias, a armadores, cofradías y organizaciones del sector pesquero, con quienes había estado reunido durante la mañana de ayer.

Comercialización en origen

Por lo que respecta a la normativa recién aprobada sobre comercialización en oriplen de algunas especies pesqueras -por el momento, bonito del Norte, boquerón, bacaladilla y sardina, que son las más afectadas por la variación de precios-, la principal novedad reside en que se fijan por primera vez mecanismos de regulación de precios, teniendo en cuenta oferta y demanda, que permitirán asegurar las rentas de los pescadores. Se establecerá así un mecanismo de retirada del mercado de estas especies, que entrará en funcionamiento cuando su precio esté por debajo del fijado como precio de retirada. Este equivaldrá al 70%-80% de la media del precio de orientación de los tres últimos años que hayan tenido las especies sometidas a regulación. Las ayudas económicas, canalizadas a través de los productores pesqueros, serán tanto mayores cuanto menor sea la cantidad retirada de cada especie. El titular de Agricultura afirmó que es difícil evaluar el coste de estas medidas, aunque dejó entrever como posible el de 400 a 500 millones de pesetas. Este coste será financiado, tras el ingreso en la CEE, por los propios fondos comunitarios. Esto permitirá, en opinión de Romero, probar el sistema de regulación de precios y productos antes de que se produzca la entrada en la Comunidad. Esta nueva normativa introduce también otra medidas de apoyo financiero de cara a la congelación, almacenamiento y depósito de productos pesqueros, y otras destinadas a subvencionar parte de los intereses de los préstamos solicitados por el sector.