La Audiencia de Barcelona estudia el procesamiento de dos rectores de universidad por posibles fraudes

La Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Provincial de Barcelona decidirá en los próximos días si debe procesarse a Arturo, Caballero y Gabriel Ferraté, ex rector de las Universidad Central y actual rector de la Politécnica de Barcelona, respectivamente, por presuntos delitos de fraude y exención ilegal supuestamente cometidos en ambos centros de enseñanza catalanes entre 1972 y 1977. Con el cobro de unas sobretasas, supuestamente irregulares, los entonces rectores de ambos centros estructuraron una caja b, con la que se paliaban los déficit económicos de los diferentes centros universitarios.

El estudio de la causa ha sido encomendado al magistrado juez José Luis Barrera Cogollos, miembro de la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia, quien ha manifestado a este periódico que en el plazo de una semana la sala deberá tomar una decisión al respecto.El magistrado Barrera no ha descartado la posibilidad de que se reclamen nuevas diligencias o se acuerden procesamientos diferentes a los que podrían afectar a los rectores mencionados; esos procesamientos incumben a los magistrados de la Audiencia, y no al juez instructor, por tratarse de casos de funcionarios aforados.

El desenlace de la investigación de esta caja b está provocando la atención de numerosos profesionales del Derecho, ya que la existencia y funcionamiento de la doble tesorería es también un tema de debate en el caso de Banca Catalana y sobre él existen escasos precedentes jurídicos.

El más reciente es el relacionado con la delegación del Ministerio de Educación y Ciencia de Barcelona, que venía funcionando desde 1978 y que fue investigado en 1981 por el Juzgado de Instrucción número 1.

Este caso fue sobreseído por la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Barcelona el pasado año judicial, invalidando los procesamientos dictados contra la ex delegada del Ministerio de Educación y Ciencia, María Jesús Cebrián, y contra otros dos altos cargos del ministerio, José Carrión y José Tiffont, quienes actualmente desempeñan sus cargos en la Generalitat.

El caso judicial de los rector es de Barcelona empezó a ser instruido en 1979, a raíz de una auditoría en la que se investigó la contabilidad de las universidades catalanas, lo que permitió descubrir la existencia de unas tasas ilegales que se venían cobrando, desde 1958, a los alumnos, en el momento de matricularse.

Horas y utensilios

Estas tasas, recaudadas de manera irregular, contaban con el beneplácito del entonces ministro de Educación y Ciencia, José Luis Villar Palasí, pero no llegaron nunca a legalizarse, ya que el titular del ministerio cesó en su cargo.Según las investigaciones realizadas, estas tasas suponían unos ingresos de 20 a 25 millones de pesetas anuales y se venían recaudando en las universidades Central, Politécnica y Autónoma.

En principio, la causa judicial contempló el procesamiento de los tres rectores, pero se sobreseyó en el caso de la Universidad Autónoma, a raíz del fallecimiento del titular en el período investigado, Vicente Villar Palasí.

Los rectores investigados declararon que los fondos de esta caja b sirvieron para pagar las horas extras del personal subalterno, así como diversos utensilios de trabajo de diferentes facultades.

El caso del supuesto fraude de las universidades catalanas fue encomendado al fiscal Carlos Jiménez Villarejo quien, junto con José María Mena, investiga actualmente el caso de Banca Catalana.

Enfebrero de 1983, Jiménez Villarejo presentó en la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia un escrito reclamando la reapertura de la causa, que se había concluido de manera irregular desde el punto de vista procesal.

El fiscal reclamó también nuevas pruebas, que fueron encomendadas al Juzgado de Instrucción número 7. Ahora, una vez finalizada la práctica de estas diligencias, la causa ha sido trasladada a la Audiencia, donde se discutirá el procesamiento de los dos rectores.