Argentina no extraditará a dos implicados en el fraude a la Seguridad Social

Las autoridades argentinas han denegado la extradición solicitada por España de los asesores laborales Pablo Vitali Padilla y de su hijo Manuel Vitali Ferraz, implicados en el fraude a la Seguridad Social descubierto a principios del pasado año- en Barcelona, según informa Europa Press. Pablo y Manuel Vitali fueron detenidos por la Interpol en enero pasado, en Buenos Aires, en cumplimiento de una orden de búsqueda y captura del Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona, que procesó a ambos por su presunta participación en el fraude a la Seguridad Social que afectó a 125 empresas por un valor de 3.443 millones de pesetas.

Las autoridades argentinas han comunicado a España que se denegaba la extradición de los citados asesores laborales y han fundando su negativa en que los delitos que se les imputa a los citados procesados no están contemplados en los tratados internacionales de extradición. Según el estudio elaborado por la acusación popular, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona dictó un total de 73 autos de procesamiento en relación con el fraude a la Seguridad Social descubierto en Barcelona en enero de 1983. La mayoría de los autos ha sido recurrida ante la Audiencia de Barcelona que, en un primer grupo de 10 recursos de apelación, confirmó las resoluciones del juez instructor.

58 procesados

Los procesamientos afectan a 58 empresarios y directivos de empresa, tres inspectores de Trabajo, dos abogados, dos graduados sociales, seis asesores intermediarios y dos funcionarios.A 10 personas, entre ellas tres inspectores de Trabajo, se les atribuye particular relevancia en la elaboración de las falsas actas, que por primera vez llevaron a prisión a un gran número masivo de funcionarios, profesionales y empresarios acusados de un delito económico. A estas 10 personas corresponde el procesamiento por actuaciones generalizadas en múltiples falsos requerimientos, y entre ellas se encuentra el ex delegado de Trabajo en funciones de Barcelona, Graciniano Gómez Caton, y los también inspectores de Trabajo Ramón Ballesteros y José Descartín. Sólo el último de éstos se encuentran en libertad provisional, mientras que se ignora el paradero de los dos funcionarios restantes.

El fraude consitió en liquidar las deudas pendientes de las empresas a la Seguridad Social por una cuantía muy inferior a la realmente debida, mediante la falsificación de los oportunos requerimientos. Su descubrimiento no sorprendió en medios de la Administración laboral, donde el prestigio de Graciniano Gómez Catón, relacionado familiarmente con el ex gobernador civil de Barcelona, Jorge Fernández, estaba en entredicho desde hacia tiempoLa necesidad de regularizar pagos de la Seguridad Social mediante negociaciones de pago aplazado ante la Magistratura Especial de Trabajo de Barcelona para recogerse a las reconversiones, animó, al parecer, a las empresas a aceptar la operación sugerida por intermediarios y funcionarios de la Administración.

El sector textil catalán, con 43 empresas implicadas en el fraude, es el ramo que cuenta con una presencia mayor en el sumario. Le sigue en importancia el sector metalúrgico, con 36 empresas involucradas. Gran parte de estas últimas empresas se acogió igualmente a expedientes de regulación de empleo parciales, para lo que necesitaron regularizar su situación ante la Seguridad Social.

Manuel Vitali fue condenado a pagar la cantidad de 3.834.883 pesetas como consecuencia del juicio ejecutivo seguido por el Juzgado de Primera Instancia de La Bisbal promovido por la empresa constructora Mompó y Masó, SA. Vitali era propietario de un chalé en Sant Feliu de Guixols valorado en unos 50 millones de pesetas, de un yate y de dos coches BMW.