Trabajadores de Educación Especial acusan de prácticas irregululares al director de siete centros privados subvencionados
El Colectivo de Trabajadores de Educación Especial de Mallorca ha acusado al presidente de la Unión de Asociaciones de Centros (UNAC), Juan Perera, de incumplir la normativa legal que rige para el funcionamiento de los centros de asistencia y educación de minusválidos, subvencionados por la Comunidad Autónoma de Baleares. También le acusan de promover despidos improcedentes, no contar con los profesionales de los centros para la gestión de éstos, imponer métodos dictatoriales con los trabajadores y exigir el cumplimiento de un reglamento de régimen interior que no es legal.Juan Perera preside, desde que se creó en 1978, la asociación que controla los siete centros privados existentes en Mallorca, con un total de 700 alumnos, y dirige personalmente uno de ellos, el Príncipe de Asturias, del que han sido recientemente despedidos cinco trabajadores, además de dirigir también la Asociación de Niños Mongólicos de Baleares (ASNIMO).
Estos centros privados funcionan gracias a las subvenciones estatales directas y, ahora, a las transferidas a la comunidad autónoma, que por el ejercicio de 1983 percibieron 32 millones de pesetas. El resto de los gastos se financian con aportaciones voluntarias de los padres. Pero, según el colectivo, "no existe ninguna contabilidad oficial sobre estas últimas cantidades".
El presidente de la UNAC dijo que el colectivo "no es representativo de los 182 empleados de los siete centros asociados", y reiteró su deseo de qu e sea la Administración la que se haga cargo de la educación de los disminuidos físicos y psíquicos. "Yo ofrecí en noviembre pasado que el Consejo Insular de Mallorca se hiciera cargo del Príncipe de Asturias, pero no me contestaron y, en diciembre, a los trabajadores, para que formasen una cooperativa, pero igualmente la respuesta fue negativa", dijo Perera.
La primera situación anómala que denunciada en el Príncipe de Asturias es que a los trabajadores, antes de la firma de sus contratos laborales, se les exige también firmar el Reglamento de Régimen Interior de ASNIMO, que se aplica en los centros de la UNAC. Este reglamento no es válido, según el director provincial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Javier López, quien certificó el pasado mes de marzo que "nunca fue aprobado como tal reglamento, ni inscrito en el registro de Reglamentos de Régimen Interior".
Este reglamento, redactado en 1979, establece su "obligado cumplimiento para todo el personal" y las prohibiciones de fumar en el recinto de los centros, "hacer, ni hablar de política", "las barbas, los pelos largos o poco cuidados", recibir visitas o llamadas telefónicas, el acceso de los padres de los alumnos a las instalaciones sin permiso de la dirección y transmitir información a personas ajenas al centro o enseñarles sus dependencias. También ordena la "dedicación exclusiva y completa" para los trabajadores, y la obligación, en caso de baja laboral, de "buscarse un sustituto", bajo la amenaza de sanciones económicas. El reglamento concede todas las capacidades decisorias al director.
Sobre el reglamento Perera señaló que "sólo se aplica en el Principe de Asturias y, aunque no está registrado en la Dirección Provincial de Trabajo, todas sus páginas están selladas por este organismo". Juan Perera insistió en que "el problema en el fondo es económico", y se mostró partidario de la integración, "pero en Baleares no hay profesorado ordinario para poder llevarla a cabo".
Un ex delegado de personal del Príncipe de Asturias afirmó que, desde el primer año de funcionamiento, "los despidos, hasta un total de 10, han formado parte de la política de ASNIMO. Me parece elocuente que todos ellos hayan sido juzgados improcedentes por la Magistratura de Trabajo".
