Los socialistas cambiaron de actitud al llegar al Gobierno

La demora en el envío a las Cortes Generales del proyecto de ley orgánica del Poder Judicial ha tenido como causa fundamental las indecisiones del Gabinete socialista para afrontar la dura batalla que se librará a partir del otoño con el estamento Judicial, apoyado por la derecha. El Consejo General del Poder Judicial mantiene una fuerte discrepancia con el texto elaborado por el Ministerio de Justicia, básicamente porque le hará perder parte de la autonomía obtenida.Las divergencias sobre esta ley, considerada vital para la reforma de la Justicia, surgen cuando se trata de plasmar este objetivo en un proyecto concreto.

Los socialistas, desde la oposición, durante la discusión constituyente, y en los debates sobre la ley del Consejo General del Poder Judicial, apoyaron la plena autonomía del órgano de goierno de la justicia, sin precedente en otros sistemas democráticos, y redujeron el papel del Ejecutivo al de mero suministrador de medios instrumentales para el funcionamiento de la justicia.

En el Pleno del Congreso del 7 de noviembre de 1979, Peces-Barba destacó la coherencia del PSOE con su concepción de "llevar hasta sus últimas consecuencias la independencia del Poder Judicial", y apuntó en el haber socialista la disminución de las competencias del Gobierno en relación con la Justicia, "porque nos parece", dijo entonces Peces-Barba, "que toda competencia del Gobierno en esta materia es una competencia que dificulta la independencia del Poder Judicial". También se opuso a las atribuciones de las comunidades autónomas sobre la administración de justicia.

Por su parte, el diputado socialista. Eduardo Martín Toval, que defendió la capacidad autonormativa del Poder Judicial, señaló que el Gobierno debe proporcionar al Consejo General los medios que solicite "sin capacidad de discusión". Quizás estas posiciones respondían a un criterio de coyuntura política, por encontrarse en ese momento la UCD en el Ejecutivo y desear desproveerle de nuevas parcelas de poder.

El hecho es que el Gobierno socialista ha dado la vuelta a estas actitudes parlamentaria mantenidas por el PSOE desde la oposición y ha defendido las atribilciones de los poderes ejecutivos central y autonómico en relación con el servicio público de la justicia. Sea porque la experiencia ha demostrado que la posición, conservadora de la mayoría del colectivo judicial sólo es capaz de situar al frente del Consejo General al sector más conservador de la judicatura, sea porque el PSOE considerara ahora que se había llegado demasiado lejos en la autonomía judicial, la realidad es que el anteproyecto de ley orgánica elaborado en 1983 por el ministerio de Justicia trata de asegurar las competencias y responsabilidades gubernamentales respecto al servicio judicial.

La contestación del Consejo General del Poder Judicial no se hizo esperar. El informe sobre el anteproyecto y las propias declaraciones de su presidente, Federico Carlos Sainz de Robles, pusieron el acento en que, en materia de autogobierno del Poder Judicial, la diferencia entre el techo Constitucional y el del anteproyecto era "abismal". El proyecto de ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros, junto a la aceptación de numerosas correcciones técnicas sugeridas por el Consejo General, ha mantenido el criterio político del ministro Ledesma de limitar la independencia judicial a la acción de juzgar y a la inspección, nombramiento y ascenso de los jueces, recabando para el Ejecutivo las competencias necesarias para asegurar una correcta prestación del servicio de la justicia.