El Senado amplía la cobertura del desempleo a nuevos colectivos, que reúnen 600.000 personas

La cobertura del seguro de desempleo y otras prestaciones han quedado ampliadas a varios colectivos, que reúnen unas 600.000 personas, como consecuencia de las enmiendas introducidas por los senadores del Grupo Socialista en el proyecto de ley básica de Empleo. El coste de esas medidas es de 250.000 millones de pesetas. La ley quedó aprobada ayer tarde en el Senado, y fue calificada como buena, en su contenido global, por la gran mayoría de la Cámara Alta. Las principales críticas de la oposición estuvieron destinadas a destacar la posibilidad que tiene el Gobierno de extender más aún la cobertura. El pleno proseguirá esta mañana con el proyecto que crea la gerencia de la infraestructura de la Defensa.

La cobertura de protección a los desempleados no alcanza al 42% de los parados, que son fundamentalmente los jóvenes que no han accedido todavía a su primer puesto de trabajo. En las modificaciones introducidas por los socialistas, destaca la ampliación del subsidio del desempleo, en lo que respecta al nivel asistencial, a aquellos trabajadores que hayan sido declarados plenamente capaces o inválidos sólo parciales como consecuencia de un expediente de revisión por mejoría de una situación de gran invalidez, invalidez permanente, absoluta o total. También se amplía la prestación sanitaria al sustituir el requisito actualmente vigente de "carecer de rentas familiares de cualquier naturaleza superiores al salario mínimo interprofesional" por el de "carecer de rentas de cualquier naturaleza superiores al salario mínimo interprofesional", con lo que se logra una mayor cobertura en el caso de percepciones individuales, que no familiares, dentro de una misma unidad familiar.La ley facilita la prestación por desempleo el personal contratado en régimen de derecho administrativo y los funcionarios de empleo al servicio de las administraciones públicas no incluidos en el régimen general de la Seguridad Social, siempre que tengan previsto cotizar por la contingencia de desempleo. Una de las novedades de las enmiendas se refiere a la ampliación de cobertura para el caso de extinción voluntaria de la relación laboral como consecuencia de la modificación sustancial de condiciones de trabajo relacionadas con horarios, jornada laboral y turnos.

La discusión más agria de la sesión se produjo entre el senador comunista Rafael Fernández Piñar y el socialista Francisco Arias Solís. El primero acusó al Gobierno de realizar una política liberal conservadora, "que nosotros llamamos de derechas", dijo. Y añadió que el Gobierno tiene dinero para aviones y armas, pero cada vez tiene menos para los trabajadores. Arias Solís dijo que el pueblo español ha dejado al comunista solo en el Senado y aludió a que el PCE está condenado a no salir de la alcantarilla.

El Grupo Socialista introdujo también siete enmiendas al articulado de la ley que regula la concesión de ayudas a empresas periodístícas y agencias informativas, y otra al preámbulo. El debate fundamental de la sesión se centró en el artículo tercero, por el que se establece que a las empresas periodísticas que tengan contraídas obligaciones con la Hacienda Pública, Seguridad Social o instituciones oficiales de crédito, la Administración aplicará al pago de dichas obligaciones el importe de la ayuda que corresponda en concepto de difusión.

Este artículo tercero, cuya supresión solicitó en principio el senador popular Carlos Robles Piquer, por considerar que existen medios en difícil situación económica por haber llegado tarde a la reconversión tecnológica, centró el debate de la ley. El también conservador José María García Royo insinuó la posibilidad de que aquellas empresas periodísticas que reparten beneficios entre sus accionistas no tuvieran derecho a la subvención por difusión, porque ello, en su opinión, supondría financiar los intereses al capital. Francisco Moreno, socialista, argumentó en contra que no es razonable que fondos públicos que van a empresas privadas no se destinen a cuestiones tan satisfactorias para los trabajadores como el pago de deudas contraídas por ejemplo con la Seguridad Social.