El reto del nuevo régimen local

El proyecto de ley que regulará las bases del régimen local es de importancia decisiva para el futuro de la democracia española. De él depende que la complejidad de la Administración local española- con comunidades autónomas, provincias y municipios, y también con comarcas y áreas metropolitanas- se equilibre en un sistema abierto, democrático y representativo, en el que el difícil equilibrio deberá ser resuelto mediante la participación de todos.Entre los méritos que hay que atribuir a la Constitución destaca el que haya contribuido a modificar la óptica política de los españoles, habituados durante mucho tiempo a polarizar su atención en torno al Gobierno de la nación y la Administración del Estado. Hoy, el ciudadano empieza a mirar menos a Madrid como encarnación del centralismo político y administrativo, y a pensar más en las comunidades autónomas y, sobre todo, en las entidades locales.

A la finalidad de potenciar al máximo las entidades locales ha de responder el proyecto de ley reguladora de las bases del régimen local, que ahora se discute y tramita en el Parlamento. Su importancia es tan notoria, que de su buena culminación dependerá el que en este país contemos con unas estructuras locales plenamente democráticas, abiertas a las inquietudes ciudadanas y cerradas a toda maniobra caciquil, representativas de todos los sectores sociales y preparadas para satisfacer las demandas de cada localidad.

Conseguir un equilibrio

A mi juicio, entre los muchos problemas que hoy acosan al régimen local español destaca el de conseguir, dentro del gran esquema del Estado de las autonomías, un adecuado equilibrio dinámico entre los diferentes niveles territoriales: Estado, comunidades autónomas, provincia y municipio, y a los que podrán añadirse otros, como son, por ejemplo, las comarcas y áreas metropolitanas.

En este punto radica la máxima dificultad de la ley en preparación, que habrá de conjugar todas las instancias que confluyen sobre el ámbito municipal y que, de alguna manera, pugnan por las competencias a desarrollar y los servicios a realizar.

El régimen local es tan complejo que, inexorablemente, ofrece áreas en las que se acentúa la conflictividad entre diversas opciones, y en las que sube la tensión doctrinal a la hora de redactar fórmulas para encauzar las cuestiones más importantes.

Hay que empezar refiriéndose a la configuración organizativa del municipio, que el PSOE monta sobre el triple esquema alcalde comisión de gobierno-pleno, de manera tal que se prima la agilidad municipal a costa de sacrificar la idea de la representación. No todos, por supuesto, estarán de acuerdo con esta regulación de los órganos municipales, y contra ella van a dispararse los argumentos más contundentes de la oposición.

La provincia y su inserción, no meramente nominal, sino efectiva, en el cuadro global del Estado es otro aspecto que el legislador tiene que regular, desde condicionamientos innegables, como son, de un lado, el respeto a la autonomía provincial, garantizada en la Constitución, y de otro, la capacidad competencial reconocida a las comunidades autónomas en sus respectivos estatutos. Y conexionado con lo anterior, resulta de evidente complejidad y densidad políticas la creación de las comarcas, que no siempre son un peldaño deseable dentro del entramado ya muy sobrecargado de instancias territoriales, que pueden chocar con los intereses de la provincia como tal.

Desde otro ángulo, lo que el proyecto denomina relaciones interadministrativas contiene una riqueza de planteamientos y propuestas normativas que con toda seguridad, pese al buen sentido con que han tratado de moverse los artífices del texto, encenderá la disputa de alto rango o simplemente doméstica y popular. Los instrumentos y técnicas de coordinación del Estado y las comunidades autónomas sobre los entes locales, el auténtico alcance del principio citado de coordinación, la prevista disolución de ayuntamientos y diputaciones, el régimen de impugnación de actos y acuerdos de las corporaciones locales, son otras tantas cuestiones sobre las que cabe defender una gama interminable de tesis y concepciones.

Los funcionarios

Finalmente, en el área de la burocracia local nadie se atreve a cuestionar la pretensión del legislador de homologar a los funcionarios locales con los del Estado a efectos de derechos y deberes, retribuciones, seguridad social, etcétera, porque estamos ante una demanda inexcusable y largo tiempo reclamada. Por el contrario, la discusión se generará a la hora de valorar la solución dada al delicado contencioso de nuestros cuerpos nacionales de Administración local, cuya trayectoria es bastante más brillante que la que ahora hay empeño en recordar para justificar de alguna forma los cambios a introducir. La figura de recambio que son "los funcionarios con habilitación de carácter nacional" es una innovación, cuyos resultados no todos aciertan a estimar como beneficiosos para el futuro de la Administración local.

Este país cuenta con más de 8.000 entes locales. Tradicionalmente, la Administración local española ha tenido poco peso específico dentro de la colosal maquinaria del Estado, a diferencia de lo que sucede en otros países donde la vida municipal y provincial es un factor esencial de progreso social, pluralismo político y desarrollo económico. La nuestra, más bien, ha vivido sometida al supercentralismo, oprimida por los grandes burócratas madrileños, maltratada por los caciques e indefensa ante los abusos y presiones de las clases dominantes.

Pese a que el Ministerio de Administración Territorial ha elaborado un texto legal que hay que calificar en general de aceptable factura desde el punto de vista técnico-jurídico, la realidad es que determinadas formulaciones sobre los temas enunciados en este trabajo no van a ser asumidas por las fuerzas políticas situadas en el bando de la oposición. Si el diálogo no se hace posible y se obturan las vías de la negociación por la intransigencia de unos y de otros, el final será descorazonador y terriblemente negativo para la sociedad española.