El PSOE estudia el inicio de una acción popular contra la obra

El portavoz del Grupo Socialista del ayuntamiento, que gobierna éste en minoría, Ricardo Cáceres Casillas, ha señalado que se está estudiando el sistema de llevar a cabo una acción paralela que podría cristalizar en el ejercicio de una acción popular contra el edificio en su generalidad como atentado a un bien de elevado interés histórico-artístico.Pese a los votos favorables, del Grupo Socialista y de los representantes del CDS y del PDL, pero con la abstención del Grupo Popular y de los Segovianos Independientes, no se pudo alcanzar la mayoría suficiente en el último pleno municipal para personarse en unos recursos que ha planteado ante la Audiencia Territorial la empresa IMPROGARSA. Éstos van en contra de las personas que votaron afirmativamente la primera suspensión de las obras, entre los que paradójicamente se encuentran los concejales del Grupo Popular, y otro a la persona exclusiva del alcalde, que es quien firmó el decreto de paralización.

Para Ricardo Cáceres, más que una abstención fue un voto en contra, y hay una serie de connotaciones que indican que tanto el Grupo Popular como los independientes no están defendiendo posturas de interés general, sino que defienden intereses personales.

Según el portavoz socialista, defienden intereses personales claramente, "porque el cabeza de lista de los independientes fue Alberto García Gil, al propio tiempo redactor del plan de ordenación de la zona del acueducto, arquitecto director e hijo del consejero delegado de IMPROGARSA; y en el Grupo Popular la situación se repite con matices, puesto que uno de sus miembros, José Ignacio García, es uno de los accionistas principales de la sociedad promotora".

A IMPROGARSA, ha afirmado García Gil, le tranquiliza la honestidad con que algunos grupos se manifiestan y le inquieta la deshonestidad que ve en otros. Alberto García Gil, que manifiesta llevar mucho tiempo sin reunirse con los concejales independientes, de cuyo grupo dimitió hace meses, indica que le preocupa que el alcalde sienta la necesidad de protegerse las espaldas con un personaje de nómina tan importante como el abogado García de Enterría, al que se le hubiera encargado la defensa de los recursos de haberse obtenido los votos suficientes para personarse en ellos.