El acueducto de Segovia lleva un año tapado por un edificio cuya construcción fue paralizada por orden de Bellas Artes

Once meses después de que la Dirección General de Bellas Artes paralizase la construcción de un edificio próximo al acueducto de Segovia, un complejo de columnas, grúas, hierros y encofrados siguen tapando la visión de una de las obras más destacadas de la ingeniería romana en España. El conflicto está estancado. Ayuntamiento, Junta de Castilla y León y Ministerio de Cultura han decidido expropiar sólo parcialmente el edificio e indemnizar por esta parte a la empresa constructora, IMPROGARSA. Ésta rechaza la solución y se niega a continuar las obras en la parte no afectada por la expropiación, sobre la que ha sido retirada la orden de suspensión de la licencia.

Las obras del polémico edificio, situado en la plaza Oriental del acueducto de Segovia -ahora llamada plaza de la Artillería- sobre un solar de 2.000 metros cuadrados que ocupa toda su vertiente sur; fueron paralizadas por el Ayuntamiento de Segovia en el mes de julio de 1983, pese a contar con la aprobación de la Dirección General de Bellas Artes.Unos días mas tarde, el 1 de agosto, esta misma dirección general reafirma la paralización de las obras y anuncia la expropiación forzosa del edificio. La actuación de Bellas Artes se fundamentaba en el artículo 34 de la ley de Patrimonio Histórico-Artístico, que señala textualmente que el "Estado podrá expropiar por causa de utilidad pública los edificios propiedades que impidan la contemplación de un monumento histórico-artístico"".

Meses después, al ser transferido el expediente a la Junta de Castilla y León, las administraciones local, estatal y autonómica llegaron a un acuerdo en la remodelación del proyecto original -que implicaba reducción de vólumenes-, así como las indemnízaciones a satisfacer a los propietarios que correrían a cuenta del Ministerio de Cultura, contribuyendo con una cantidad simbólica tanto la Junta de Castilla y León como el Ayuntamiento.

El acuerdo al que llegaron las distintas administraciones fue la supresión de una planta del edificio en su parte delantera y de dos en la trasera, que debían ser demolidas una vez formalizada la expropiación.

La Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta, envió el 2 de marzo pasado un escrito a los propietarios en el que anunciaba el levantamiento de la suspensión en las zonas no afectadas a expropiación, que son dos plantas superiores -en la zona del edificio que da a las calles de Alamillo y Ochoa Ondátegui- y la última planta en la zona que da a la avenida del Padre Claret y plaza de la Artilleríla, próxima al acueducto.

Alberto García Gil, arquitecto del edificio y portavoz de la empresa IMPROGARSA, dice que no tiene ningun sentido continuar construyendo un edificio que no se sabe qué forma va a tener al final, y, además, es preciso saber cuáles van a ser los números finales, "porque cada día de funcionamiento de la obra, como cada día de suspensión, cuestan dinero". "IMPROGARSA", ha añadido García Gil, "no va a continuar el edificio en esas condiciones. Se ha creado una situación sin ser conscientes de sus consecuencias y la Administración no sabe salir de ella".

Por su parte, el director general de Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León, Enrique Baquedano Pérez, ha afirmado que, de mantenerse esta postura, se ha contemplado la posibilidad de ir a la expropiación total del edificio y destinarlo a equipamiento municipal.

Según ha trascendido, después de una reunión celebrada hace pocos días entre la Administración autonómica y representantes de IMPROGARSA, no avanzan las negociaciones para llegar a un acuerdo en el precio de la. expropiación. Mientras que la junta propone una cifra próxima a los 80 millones de pesetas, la empresa, que argumenta tener estudios y cifras justificadas por inversiones, habla de una cantidad cercana al doble.

'Chalaneo a la vallisoletana'

El portavoz de IMPROGARSA ha acusado a los representantes de la dirección general que acudieron a esta reunión de hacer "chalaneo a la vallisoletana, donde se da una cifra, el otro ofrece la mitad y después partimos la diferencia. No valen presiones violentas, es decir, ahí tienen ustedes una cifra, y si quieren, ahí está, y si no, nos veremos en los tribunales".Tras insistir en que la empresa no está para chalanear ni para gitanear compromisos incumplidos Alberto García dijo a este periódico que IMPROGARSA está ac tuando con seriedad, transparencia y rigor, mientras que la Administración "actúa con chalaneo, con falta de seriedad y de profesionalidad".

Por el contrario, Enrique Baquedano afirma que el informe presentado por la empresa ha sido estudiado a fondo y en él se han observado "capítulos presupuestarios, con denominaciones distintas". "A ellos lo que les interesa", dice el director general, "es tener más tiempo la obra parada porque así van a cobrar más, pero que no intenten jugar con nosotros, porque estamos para afrontar el tema con valentía".

Para la Junta, las ofertas a la promotora son muy interesantes y en ningún momento se la ha intentado perjudicar, estando por encima de las personas individuales los intereses de Segovia dentro del marco jurídicamente constitucional. Por el contrario, IMPROGARSA dice que sólo ayudará a salir de esta situación, también en beneficio de Segovia, tal y como se tiene planteado el edificio desde un principio. "La convicción es que la Administración es quien tiene que resolver el recurso a IMPROGARSA", afirma su portavoz, que aduce, que no han querido ser recibidos ni escuchados por la Junta.