El campo extremeño debe 110.000 millones de pesetas

El campo extremeño atraviesa la crisis más aguda de su historia, con una deuda total de 110.000 millones de pesetas. Esta situación, según las asociaciones profesionales agrarias, puede conducir a la quiebra total del sector, y actualmente pone en peligro su supervivencia.

El principal acreedor es la banca privada, a la que agricultores y ganaderos deben 60.000 millones de pesetas; le siguen en importancias las cajas de ahorro, la banca y organismos oficiales, cajas rurales y Senpa. Las causas del endeudamiento hay que buscarlas no sólo en los compromisos financieros naturales contraídos por los empresarios agrarios para el desarrollo normal de sus explotaciones, sino en la catástrofe originada por una sequía que ha durado cuatro años y que, en el caso concreto de la ganadería cacereña, ha llegado a situaciones límite tales como tener que llevar el agua para beber a los animales con camiones cisterna, única y exclusivamente para que la cabaña ganadera pudiera sobrevivir.Paralelo a este endeudamiento se está produciendo un paulatino empobrecimiento de la región, que tiene qué vender sus materias primas a precios muy por debajo de los reales, siendo la situación comparable a la de los países suramericanos que no pueden hacer frente a sus compromisos de amortización y abono de intereses en los plazos fijados. Estos plazos, por lo que respecta a Extremadura, cumplen en su mayoría en 1985, aunque en algunos casos han vencido ya. Como prueba de la gravedad de la situación (dice en un informe exhaustivo el periódico regional Hoy) hay que recordar los centenares de millares de hectáreas de tierra actualmente en venta, con el peligro que eso supone de una desprofesionalización del campo.

Fuentes de diversas asociaciones del campo han manifestado que "la situación no podrá mantenerse mucho tiempo, y es posible que estalle con todas sus consecuencias". La solución, según ellos, sería la renegociación de la deuda. "Es una incongruencia que el Gobierno facilite nuevos créditos a Argentina por valor de varios miles de millones de pesetas y, en el caso de Cáceres en concreto, se escatimen los 340 millones que le costaría a la Administración la renegociación de la deuda agraria".