13.000 funcionarios tendrán que jubilarse en los tres próximos años por la nueva legislación administrativa

Las contradicciones de la Administración del Estado tienen uno de sus máximos exponentes en los sistemas de prestaciones sanitarias y de jubilaciones de sus trabajadores. Existen al menos dos grandes sistemas de previsión para los funcionarios: el primero igual al sistema común, con la Seguridad Social como máximo protagonista; el segundo constituye un sistema mixto de pensiones, clases pasivas (que depende directamente del Ministerio de Hacienda) y mutualismo para la asistencia sanitaria, en el que están integrados casi todos los funcionarios ministeriales, los de Correos y los docentes.

Este último sistema, consagrado en 1959, es el tradicional en la Administración española. Tiene su origen en los primeros pasos de la Administración del Estado como tal, cuando no existían programas asistenciales que afectaran a la totalidad de los trabajadores. Se iniciaron entonces procesos de concentración de esfuerzos entre los diversos colectivos funcionariales, que si bien en su inicio pretendían solamente garantizar las prestaciones en materia sanitaria, con el paso de los años, y a medida que estas mutualidades de previsión fueron creciendo, acometieron en muchos casos sistemas complementarios de jubilación.En principio es el Estado el que a través de su mecanismo contable de clases pasivas, contemplado anualmente en los Presupuestos Generales, atiende la cobertura de las jubilaciones, que han supuesto unos 300.000 millones de pesetas para este año. Las jubilaciones de los funcionarios están actualmente establecidas en un 80% de las retribuciones básicas (sueldo, grado y antigüedad) que perciben en el momento de su jubilación. Como quiera que en los escalones más altos de la Administración estos conceptos tienen un menor peso cuantitativo (del orden del 40% de las retribuciones totales), mientras que en los peldaños inferiores pasan a representar un 60% de los sueldos totales, se puede establecer que las cantidades que perciben los funcionarios sometidos a este régimen cuando se jubilan representan entre un 35% y un 60% de los salarios que percibían mientras permanecían en activo. La jubilación media de los funcionarios se establece en torno a las 48.000 pesetas mensuales, mientras que las pensiones medias de los trabajadores del sector privado superan discretamente las 30.000 pesetas.

Seguridad Social

Para Justo Zambrana, secretario de UGT de la Administración, hay tres razones para la diferencia: una buena parte de los trabajadores del sector privado, ganasen lo que ganasen, cotizaban por el salario mínimo, con lo que las prestaciones por jubilación resultaban bastante inferiores a los salarios reales; en segundo lugar se apunta el peso que en el régimen común de la Seguridad Social presenta el peculiar mecanismo concertado del sector agrario, cuyas pensiones resultan misérrimas en muchos casos; y en tercer lugar, el fuerte crecimiento que han experimentado las retribuciones básicas de los funcionarios en los últimos tiempos ha contribuido también a aumentar las diferencias entre las pensiones medias de los trabajadores del sector privado y las de los del sector público. En este sentido, Justo Zambrana señala que en el primer año de gobierno socialista se incrementó el sueldo base a los funcionarios en una media del 24% (57% a los niveles inferiores y 16% a los superiores) tras la firma de un convenio entre el Ejecutivo y los sindicatos.

Para los representantes de CC OO el problema de este sistema se plantea en su proyección futura, y debe tenderse a una homogeneización con el sector privado, donde las pensiones que perciben los trabajadores se aproximan bastante a sus últimos salarios.

Los contratados laborales, los funcionarios de organismos autónomos, los trabajadores del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y los del Instituto Nacional de la Salud (Insalud) están todos incluidos en el régimen general de la Seguridad Social, y a los efectos de pensiones y a los de las prestaciones sanitarias funcionan prácticemente igual que el resto de los trabajadores del país.

Las mutuas

Precisamente en el aspecto de las prestaciones sanitarias es donde el resto del colectivo de funcionarios se sumerge en una pluridependencia que resulta curiosa cuando menos, y que tiene como principio el citado mutualismo de previsión laboral. Así, los miembros de la Guardia Civil y del Ejército, un colectivo superior a las 200.000 personas, dependen del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS); los funcionarios de las corporaciones locales, con unos 300.000 trabajadores, están integrados en la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local (Munpal), que además atiende las prestaciones por jubilación e incapacidad y los subsidios de orfandad; por último está la Mutualidad de Funcionarios de la Administración Civil del Estado (Muface), que engloba a unos 450.000 funcionarios de los distintos departamentos ministeriales, Correos y docentes.

La Munpal, que constituye el único caso en el que se atienden también las pensiones (el resto depende del mecanismo de clases pasivas), se fundó en 1960 en un intento de refundir las casi siempre raquíticas mutualidades de funcionarios locales e incluso de atender aquellos casos en los que no existía el menor mecanismo de previsión social. En la actualidad se financia en base a unas cuotas que representan el 54% de las retribuciones básicas de estos funcionarios. De este porcentaje, un 46% corresponde a las propias corporaciones y un 8% a los fúncionarios.

La Munpal ha sido considerada tradicionalmente com la hermana rica del mutualismo laboral. A pesar de que los ayuntamientos, con el de Barcelona a la cabeza, le deben unos 38.000 millones de pesetas, este año ha, comenzado a pagar a las corporaciones locales los gastos de asistencia sanitaria, cosa que aunque estaba prevista en su estatuto fundacional no se había realizado hasta ahora. Estas prestaciones van a representar a esta mutualidad unos gastos adicionales del orden de los 16.000 millones de pesetas. La Munpal también se hará cargo de la compensación a las corporaciones locales por las situaciones de incapacidad transitoria de los trabajadores, gasto que antes debían afrontar las propias corporaciones. Los propios ayuntamientos y las diputaciones eran los que concertaban con la Seguridad Social en unos casos, y con organizaciones privadas en otros, la asistencia sanitaria de sus funcionarios.

Por su parte, la Muface vio la luz en 1975, y nació como un intento de homogeneizar los sistemas de previsión públicos y a la vista de que algunas mutualidades comenzaban a apuntar problemas financieros. No obstante, Muface se quedó convertido en un instrumento de previsión sanitaria, que concierta la mayor parte de su labor asistencial con organizaciones privadas, entre las que destacan Sanitas, ASISA y ADESLAS.

A Muface le resulta unas tres veces más barata la concertación de la asistencia sanitaria con entidades privadas que con la Seguridad Social.

Este hecho se justifica, según diversos conocedores del mutualismo laboral, porque estas entidades privadas no mantienen los complejos más costosos de la asistencia sanitaria, y cuando se presentan casos realmente graves u operaciones quirúrgicas muy especializadas se recurre a los centros de la Seguridad Social, a los que luego abonan el importe de los servicios prestados.

En cualquier caso, el intento de aproximación al régimen general de la Seguridad Social que se pretendió con la constitución de Muface se ha quedado a medio camino, y ello por dos razones: en primer término se apuntan las reticencias del Ministerio de Hacienda a integrar en el régimen común de la Seguridad Social a la totalidad de los funcionarios, por la nueva carga que representarían para el maltrecho esquema de las pensiones (con lo que se dispararían nuevamente los presupuestos de este mastodóntico organismo) y también porque representaría la pérdida del control directo sobre las dotaciones presupuestarias para las clases pasivas. En segundo lugar se señalan las reticencias de los propios funcionarios a guardar colas en los ambulatorios y sufrir todas las incomodidades de la sanidad pública.