Juegos peligrosos

LAS EXPLICACIONES dadas en el Congreso de los Diputados por el ministro de Defensa acerca del simulacro de fusilamiento de civiles perpetrado en Abena por oficiales del Ejército resultaron insuficientes. El tiempo transcurrido entre la escenificación de ese siniestro juego (acaecido el 6 de junio) y la adopción de las primeras medidas disciplinarias (aplicadas el 12 de dicho mes) da pie para sospechar la existencia de una cadena de negligencias que hizo posible la ocultación del bochornoso incidente. La maquinaria procesal sólo se puso en movimiento después de que los medios de comunicación informaran sobre el suceso. Y todavía más inquietante, si cabe, es que el asalto a Radio Aragón de Jaca, cuya autoría sigue en el anonimato, tuviera lugar antes de que la emisora se dispusiera a dar la noticia, lo que sugiere que el atentado no era una represalia, sino -peor si cabe- un aviso.La Constitución circunscribe el ejercicio de la jurisdicción militar al "ámbito estrictamente castrense", y aun siendo civiles las víctimas del incidente, es la jurisdicción militar la que debe entender del caso. Al fiscal militar, que depende del ministro de Defensa, corresponde la activación del proceso, dado que no están permitidas ni la acusación particular ni la acción popular. La instrucción del sumario, la vista oral y la sentencia quedarán igualmente dentro del ámbito de la jurisdicción militar.

Pero este fuero jurisdiccional no puede evitar un comentario sobre la calificación delictiva de los hechos de acuerdo con el Código de Justicia Militar. Los supuestos incluidos en el capítulo tercero del título VIII, dedicado a los delitos contra el derecho de gentes, devastación y saqueo, son sancionados con penas enormemente graves. El artículo 280 castiga con reclusión mayor a muerte al oficial que, "sin, orden expresa de sus jefes ( ... ) saquee a los habitantes de los pueblos o caseríos y cometa actos de violencia en las personas". Sin esos extremos de rigor, el artículo 334, en el capítulo dedicado a las "extralimitaciones en el ejercicio del mando", dice que el "militar que, en el ejercicio de su autoridad o mando, se excediere arbitrariamente de sus facultades o las usare indebidamente irrogando un perjuicio grave será castigado con la pena de prisión militar hasta seis años". Dado que las penas superiores a tres años implican la separación del servicio, es evidente que hay instrumentos legales para que los responsables del vergonzoso simulacro de fusilamiento no puedan volver a vestir el uniforme. La tentativa de quitar importancia al incidente como un bromazo cuartelero no se tiene en pie, pero sería peor si se tuviera: la mentalidad infantiloide subyacente a ese tipo de juegos peligrosos y la obvia inmadurez de quienes los protagonizan bastarían para incapacitarles en el mando de tropas.

El asunto no se agota en las actuaciones de la autoridad judicial. Merece la pena preguntarse por las circunstancias en que el fusilamiento se produjo. Oficialmente, los objetivos de las maniobras militares en la zona parecen referirse a un supuesto de invasión extranjera, pero las menciones a las guerrillas pueden ser interpretadas, y desgraciadamente lo son por amplios sectores de opinión, como una continuación de la vieja doctrina que atribuye al Ejército, antes que la garantía de nuestras fronteras frente a un enemigo exterior, la tarea de constituirse en fuerza de ocupación del territorio nacional. El ministro de Defensa no puede permitir que los principios y las directrices que orientan la construcción de los escenarios de las maniobras militares descansen sobre la hipótesis de que los españoles son sujetos sospechosos y víctimas potenciales de sus propias Fuerzas Armadas. En cualquier caso, no estaría de más que el Gobierno explicara cuál podría ser. ese supuesto invasor que obliga a prepararse de este modo a nuestros guerrilleros, toda vez que la invasión tendría que venir por Francia, Marruecos o Portugal.

El asalto a Radio Aragón de Jaca, presumiblemente orientado a impedir la difusión de la noticia, debe ser investigado por los servicios policiales y perseguido por el ministerio público, a fin de que los responsables sean juzgados por la jurisdicción ordinaria. ¿No hay huellas, no hay indicios de quienes lo realizaron? Las hipótesis que desplazan hacia delincuentes habituales o hacia civiles ultraderechistas la autoría del asalto no han sido para nada fundamentadas. Aunque sonroje el decirlo, es evidente que la mayoría de la opinión pública supone que fusilamiento y atentado se encuentran en relación; Quizá no pueda ser probado, y quizá no sea cierto. Pero cualquier aprendiz de detective empezaría a investigar el caso por ahí. No se puede decir que no hay sospechosos. Sólo la aclaración del atentado contra Radio Aragón permitirá establecer, en todas sus ramificaciones, las responsabilidades del simulacro de Abena.

Por lo demás, resultaría conveniente fijar los estrictos límites que las maniobras militares deben respetar en sus relaciones con la sociedad civil. Los conjurados del golpe de Estado frustrado del 27-O trataron de disfrazar sus planes conspirativos bajo las apariencias de supuestos tácticos de maniobras militares. ¿Cabe imaginar, dentro del actual régimen jurídico de las maniobras militares, un simulacro de ocupación de ministerios civiles, terminales ferroviarias y aeropuertos, medios de comunicación, instalaciones industriales y viviendas de ciudadanos? En cualquier caso, esperamos que no lleguen un día de estos unos bromistas al despacho de cualquier ministro, le pongan contra la pared, le tiren con balas -de fagueo, por supuesto- y digan luego que todo era una parodia y que se suponía que el ministro ese era colaboracionista de alguien.